Se sumó a la investigación sobre el caso del descarrilamiento del Tren Interoceánico la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG).

Su titular Raquel Buenrostro Sánchez anunció hoy la decisión y aseguró que hay varias investigaciones en curso, entre ellas de la Fiscalía General de la Republica (FGR) y la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF).

El objetivo de esta primera etapa de investigaciones se centra en revisar y confirmar que los procesos de construcción y operación se realizaron de forma correcta, señaló.

Raquel Buenrostro aseguró que, aunque no realizan auditorias forenses, la Secretaría de Anticorrupción se encargará de ampliar la investigación en el apartado administrativo, lo que focaliza los esfuerzos en cuanto a revisar irregularidades que impliquen directamente a funcionarios públicos.

La función de la Secretaría Anticorrupción es asegurarse de la correcta gestión pública y se aclaró que no anula ni interfiere con las otras investigaciones pendientes con respecto al accidente del Tren Interoceánico y deja vía abierta para las investigaciones de la FGR intervenga de ser necesario.

Denuncias y turbulencia con el Tren Interoceánico

El accidente del Tren Interoceánico se encuentra en el ojo del huracán, sobre todo por las investigaciones e indicios sobre presuntas irregularidades con su construcción y la operación del ferrocarril.

La Auditoria Superior de la Federación señaló por varios años irregularidades en pagos excesivos, documentos faltantes y poca transparencia durante la etapa de construcción del Tren Interoceánico.

Ante los testimonios y observaciones de usuarios sobre la calidad de la línea de ferrocarril, el gobierno federal planeó una revisión por parte de una empresa privada para verificar la calidad de vías, locomotoras y corroborar fallos estructurales.

Víctimas del accidente presentaron una denuncia formal a través de una firma legal. La FGR recibió la denuncia contra funcionarios y contratistas implicados en la mala gestión del ferrocarril.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que las víctimas no tenían por qué acercarse a un bufete de abogados, ya que, a pesar de que es su derecho, existe una comisión de victimas encargada de establecer y proporcionar los pagos para la reparación de gastos y daños.

Con información de El Financiero, La Jornada y Excélsior (JRLM)