La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre un patrón de intimidación y criminalización de periodistas en México mediante el uso de procesos judiciales, al considerar que estas acciones ponen en riesgo la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada.

En un comunicado, el organismo internacional expresó su preocupación por los casos de los periodistas Rodolfo Ruiz, en Puebla, y Rafael León Segovia, en Veracruz, quienes enfrentan imputaciones penales vinculadas a su labor informativa.

Para la SIP, ambos procesos reflejan una tendencia a utilizar el sistema de justicia como mecanismo de presión contra la prensa.

La organización advirtió que el acoso judicial se consolidó como una de las principales formas de censura en el país.

Mediante figuras legales como demandas por daño moral o acusaciones penales que inhiben la crítica pública y la investigación periodística.

Libertad de expresión y procesos judiciales contra periodistas

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, afirmó que el organismo observa con inquietud casos en los que se recurre al sistema penal para presionar a periodistas por el contenido de sus publicaciones.

Subrayó que la libertad de prensa es un pilar de las sociedades democráticas y que ninguna acusación judicial debe convertirse en una herramienta para silenciar voces críticas.

En el caso de Rodolfo Ruiz, director del portal e-consulta, la SIP señaló que fue vinculado a proceso en Puebla por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado de una investigación iniciada en 2020.

El juez de control ratificó medidas cautelares como la firma periódica ante la autoridad y la restricción para salir del país sin autorización judicial, además de fijar un plazo para la investigación complementaria.

De acuerdo con la SIP, hasta ahora no se ha acreditado el ilícito que se le imputa.

Respecto a Rafael León Segovia, reportero en Veracruz, el organismo indicó que fue imputado por encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, en hechos relacionados con su cobertura periodística.

Aunque inicialmente se le señaló por terrorismo, esa acusación fue descartada por la fiscalía estatal.

Su detención, ocurrida el 24 de diciembre, generó protestas de organizaciones defensoras de la libertad de expresión.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH informó que mantiene un monitoreo permanente de ambos casos y pidió a las autoridades respetar el debido proceso, las garantías judiciales y la presunción de inocencia.

Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, exhortó a las autoridades mexicanas a garantizar juicios transparentes y apegados a la ley.

Recalcó que las responsabilidades penales no deben utilizarse de forma desproporcionada contra quienes informan sobre asuntos de interés público.

En su informe más reciente sobre México, la SIP documentó que gobernadores, legisladores y funcionarios recurrieron a instrumentos judiciales para limitar la crítica, con casos relevantes en Campeche, Sonora, Veracruz, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

Para el organismo, esta práctica no solo afecta a los periodistas, sino que debilita el derecho ciudadano a recibir información. (LV)

Con información de El Universal, El Sol de México y Sociedad Interamericana de Prensa