La presidenta Claudia Sheinbaum oficializa la cancelación del impuesto a los videojuegos con contenido violento mediante un estímulo fiscal del 100%, luego de la publicación del decreto correspondiente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La medida entra en vigor el 1 de enero de 2026 y neutraliza el cobro del IEPS del 8% que se había aprobado en el Paquete Económico de ese año.

El decreto beneficia tanto a la venta de videojuegos en formato físico como a los servicios digitales que permiten su acceso o descarga, incluidos los prestados desde el extranjero.

El estímulo equivale al total del impuesto causado y solo procede si el gravamen no se traslada al consumidor final, de acuerdo con el texto oficial.

La decisión responde a la dificultad técnica para clasificar el contenido violento. En conferencia previa, la mandataria señaló que distinguir entre videojuegos con y sin violencia abre un margen de discrecionalidad que complica la aplicación del impuesto.

Por ello, el Ejecutivo opta por mantener la figura en la ley y, en paralelo, otorgar un estímulo que anula su efecto práctico.

Impuesto a los videojuegos e IEPS: qué cambia a partir de 2026

El estímulo fiscal establece reglas claras para su aplicación: es acreditable contra el propio IEPS, no genera devoluciones ni compensaciones, no se considera ingreso acumulable para efectos del Impuesto sobre la Renta y no exige aviso previo ante la autoridad fiscal.

Además, releva a los prestadores de servicios digitales de ciertas obligaciones formales de la Ley del IEPS, por lo que no se aplicará el bloqueo temporal de plataformas vinculado a este impuesto.

El alcance del beneficio incluye a vendedores nacionales, residentes en el extranjero sin establecimiento en México y empresas que comercializan contenidos mediante servicios digitales. La exención no aplica al IVA, que se mantiene conforme a la ley vigente.

La Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitirán las reglas operativas para garantizar la correcta aplicación del decreto.

Desde el Congreso, voces de oposición advierten que el impuesto permanece en la ley y que el estímulo implica gestión administrativa; sin embargo, el Ejecutivo subraya que el efecto real desde 2026 será cero cobro mientras se cumplan las condiciones.(LV) 

Con información de El Universal, Radio Fórmula y el Imparcial