El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó este jueves que vetará el proyecto de ley aprobado por el Congreso que busca reducir las condenas por delitos relacionados con el intento de golpe de Estado de 2022, medida que beneficiaría directamente al exmandatario Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 años de prisión.

En rueda de prensa en el Palacio del Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva declaró: “Cuando llegue a mi mesa, lo vetaré. No es un secreto para nadie”.

Agregó que quienes atentaron contra la democracia “tienen que pagar por los actos cometidos”, subrayando la necesidad de preservar la memoria de los eventos para evitar riesgos futuros.

“Todavía no sabemos quiénes lo financiaron. Tenemos que tomarnos muy en serio lo que pasó en enero de 2022”, afirmó.

¿De qué trata el proyecto de ley rechazado por Luiz Inácio Lula da Silva?

El proyecto, aprobado el miércoles por el Senado tras su paso por la Cámara de Diputados, acelera la progresión de regímenes penitenciarios y permite reducciones de hasta dos tercios en penas por delitos cometidos en multitudes.

Para Jair Bolsonaro, condenado en septiembre por planear impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022, esto podría limitar su tiempo en la cárcel a poco más de nueve años.

La norma no sólo afecta al expresidente ultraderechista, actualmente cumpliendo pena en una sala especial de la Policía Federal, sino también a cientos de condenados por los hechos del 8 de enero de 2023 en Brasilia, cuando simpatizantes bolsonaristas asaltaron sedes de los tres poderes.

Luiz Inácio Lula da Silva insistió en que “haré lo que entiendo que debe hacerse, porque él tiene que pagar por el intento de golpe, por el intento de destruir la democracia de este país”.

Aunque el veto presidencial puede ser derrumbado por el Congreso, se espera que la ley enfrente impugnaciones ante el Supremo Tribunal Federal (STF).

El juez Alexandre de Moraes, quien supervisa los casos golpistas, criticó la iniciativa: “Eso enviaría un mensaje a la sociedad de que Brasil tolera nuevos coqueteos con el autoritarismo. La respuesta del Estado debe ser firme”. (MIG)