La comunidad de San Mateo Ozolco realizó una asamblea donde el presunto propietario de un predio en disputa, Jesús Aizpuru, no acudió a la reunión programada para el martes 9 de diciembre, acordada desde el 24 de noviembre.

El encuentro contaba con la intención de revisar la legalidad de la tala de árboles en el bosque que abastece agua al pueblo.

Ante su ausencia, habitantes señalaron que la presidenta auxiliar, Jessica Santuario Popoca, sostuvo una reunión privada con un grupo reducido de autoridades antes de dirigirse a quienes acudieron para conocer la situación del bosque.

Según testimonios, tras la reunión a puerta cerrada, la presidenta informó que habían acordado con el presunto propietario que la tala se dividiría en un 50 % para Aizpuru y 50 % para la comunidad, propuesta que generó inconformidad entre la mayoría de asistentes.

Los habitantes reiteraron que la tala no puede continuar hasta verificar si las actividades corresponden al permiso de aprovechamiento forestal.

Comités comunitarios recordaron que, desde finales de noviembre, realizaron dos recorridos con personal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

En ellos, documentaron irregularidades, como derribo de árboles jóvenes, ausencia de plaga, cortes en zonas cercanas al río (restringidas por la normatividad) y sellos colocados después de talar.

Por ello, los habitantes solicitaron una verificación urgente por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Durante la discusión, denunciaron que Santuario Popoca intentó que la policía comunitaria detuviera al abogado Juan Carlos Flores, quien acompañaba la asamblea para revisar permisos y presentar evidencia del caso.

Sin embargo, los elementos se negaron, lo que incrementó el conflicto entre los grupos presentes.

La asamblea se dividió; la presidenta permaneció con menos de 20 personas que respaldaban la tala, mientras que la mayoría del pueblo continuó su reunión de manera independiente.

Los habitantes ratificaron su decisión de no permitir más cortes de árboles hasta que exista claridad legal y técnica.

Integrantes de la comunidad también reportaron agresiones hacia mujeres por parte del grupo afín a la autoridad auxiliar.

Señalaron que Santuario Popoca ha generado confrontaciones con habitantes de otras localidades que acudieron en apoyo, pese a un acuerdo regional para proteger el bosque y la red de agua.

Pobladores llamaron a organismos defensores de derechos humanos para evitar una escalada del conflicto, pues sostienen que permitir la tala pondría en riesgo el ecosistema que alimenta a los manantiales y la única fuente de agua en el pueblo. (BH)