La discusión y votación del dictamen que crea la figura de “jueces sin rostro” en procesos de delincuencia organizada fue pospuesta este martes en el pleno del Senado de la República. Por acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jucopo), el tema será retomado hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el 1 de febrero de 2026.

El coordinador de Morena y presidente de la Jucopo, Adán Augusto López Hernández, informó que la decisión responde a la necesidad de “ampliar el análisis y enriquecer el dictamen con más voces”.

En conferencia de prensa al término de la sesión, el senador tabasqueño detalló: “hemos acordado que esta reforma, por su trascendencia, se aborde con mayor profundidad en el siguiente periodo. No hay prisa, pero tampoco vamos a retroceder.

“El dictamen ya fue aprobado en comisiones y está listo, sólo falta el debate en el pleno”, agregó López Hernández.

La iniciativa, enviada por el Ejecutivo federal el pasado 5 de febrero de 2025 como parte del paquete de reformas constitucionales en materia judicial, propone modificar los artículos 16, 20 y 73 de la Constitución para permitir que, en delitos de alto impacto cometidos por la delincuencia organizada, los jueces de control y de juicio oral puedan ocultar su identidad y voz mediante mecanismos electrónicos, con el objetivo de protegerlos de posibles represalias.

¿Qué son los jueces sin rostro y por qué han generado controversia?

Según el artículo del académico Carlos Reverón Boulton “Los jueces sin rostro: una medida excepcional en el combate a la delincuencia organizada” publicado en la Revista de la Reforma Judicial de la UNAM (2025), esta figura tuvo su origen en Colombia durante los años ochenta y noventa para enfrentar al narcoterrorismo de Pablo Escobar y el Cartel de Medellín.

El texto advierte que, aunque logró reducir las amenazas directas contra impartidores de justicia, derivó en graves violaciones al debido proceso, falta de contradicción de pruebas y sentencias arbitrarias, al grado que la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional el sistema en 1999 y la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha cuestionado en múltiples resoluciones.

Senadores de oposición calificaron la postergación como “un triunfo parcial de la presión ciudadana y de los organismos internacionales”.

El coordinador del PAN, Julen Rementería, declaró: “Es una reforma autoritaria que atenta contra la publicidad y la transparencia de los juicios; si la quieren pasar, que sea a la luz del día y no en la opacidad de febrero”.

Por su parte, la senadora Claudia Anaya (PRI) advirtió que “ocultar la identidad del juez rompe con el principio de inmediación y puede abrir la puerta a la corrupción y al abuso de poder”.

Desde el oficialismo, el senador Ricardo Monreal reconoció que existen “dudas legítimas” y anunció que entre diciembre y enero se realizarán foros regionales con barras de abogados, academias y organizaciones de la sociedad civil para “disipar temores y perfeccionar el dictamen”.

Sin embargo, dejó claro que la figura de jueces protegidos “forma parte del compromiso del presidente con la seguridad de quienes imparten justicia en zonas controladas por el crimen”.

Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional han expresado preocupación por la iniciativa mexicana, recordando que los estándares internacionales exigen que toda restricción a la publicidad de los juicios sea excepcional, proporcional y sometida a control judicial efectivo. (MCJ)