La Ley General de Aguas quedó corta para el beneficio de los mexicanos, reconoció el diputado federal por Morena, Alejandro Carvajal.

El diputado señaló que por ello muchos defensores del agua se manifestaron en contra, pues la Ley General de Aguas tiene pendientes por atender.

El diputado Alejandro Carvajal propuso quitar o prohibir entregar concesiones de agua, lo cual fue rechazado en el Pleno, sin embargo, votó a favor de la Ley General de Aguas que se aprobó la semana pasada.

 La Ley de Agua quedó corta, reconoció el diputado de Morena, Alejandro Carvajal al señalar que esta no obligará a las concesionarias a cumplir con sus obligaciones y además permite que terceros puedan continuar abasteciendo el derecho vital. pic.twitter.com/OowmLimlyi

— Periódico e-consulta (@e_consulta) December 8, 2025

En rueda de prensa, el diputado explicó que la Ley General de Aguas está incompleta porque no impide que se sigan otorgando concesiones como la que tiene Agua de Puebla en la entidad.

Además, de que continúa aceptando los consejos de cuenca, que no es más que un grupo de amigos que controla los pozos de agua y como se distribuye el vital líquido.

“La ley quedó corta y eso hay que aceptarlo, pero es lo que se pudo acordar por las presiones”, justificó.

Sin embargo, señaló que esta nueva norma permite regular las tomas ilegales de agua que verifica la Comisión Nacional de Agua (Conagua).

Alejandro Carvajal lamentó que la ley no le permita a Conagua verificar que las concesionarias den un buen servicio, por lo que señaló que será perfectible.

Aprueban Ley General de Aguas

La nueva Ley General de Aguas que se aprobó busca sustituir disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, vigente desde 1992.

El nuevo marco parte del artículo 4 constitucional, que reconoce el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano.

Con ello, incorpora un Registro Público de Agua Nacional y un Fondo de Reserva para comunidades con limitado abastecimiento.

Además, incluye facultades para cancelar concesiones acaparadas o sin uso, regula obras privadas de captación pluvial y endurece sanciones por extracción ilegal, un tema que autoridades federales han identificado como una práctica que altera la disponibilidad del recurso. (MIG)