El Senado aprobó la Ley General de Aguas en una sesión marcada por una discusión acelerada (fast-track)  y un debate dividido.

Con 85 votos a favor y 36 en contra en lo general, la Cámara Alta avaló el nuevo marco legal que redefine el acceso y la gestión del recurso hídrico en el país.

La votación ocurrió poco después de que la Cámara de Diputados enviara la minuta, clasificada como de “urgente resolución”.

Las bancadas mayoritarias cerraron paso a la moción suspensiva que buscaba detener el análisis.

Mientras la oposición acusó que el proceso dejó fuera inquietudes del sector agrícola.

El bloque que respaldó la iniciativa sostuvo que el proyecto garantiza el derecho al agua y actualiza un sistema operativo que ya no responde a las necesidades actuales.

¿Qué cambia con la nueva Ley General de Aguas?

La reforma sustituye y modifica disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, vigente desde 1992.

El nuevo marco parte del artículo 4 constitucional, que reconoce el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano.

Con ello, incorpora un Registro Público de Agua Nacional y un Fondo de Reserva para comunidades con limitado abastecimiento.

Además, incluye facultades para cancelar concesiones acaparadas o sin uso, regula obras privadas de captación pluvial y endurece sanciones por extracción ilegal, un tema que autoridades federales han identificado como una práctica que altera la disponibilidad del recurso.

En los estados del norte, donde el agua forma parte del valor comercial de la tierra, productores agrícolas cuestionaron la eliminación de la transmisión privada de concesiones.

Señalan que los nuevos procedimientos generan incertidumbre, a pesar de que se garantizó la continuidad de herencias y compraventas de predios.

El sector insiste en que no existe claridad sobre la protección de derechos históricos ni sobre la operación del sistema renovado.

En medio de las críticas, integrantes del gobierno federal defendieron que la reforma combate prácticas que permiten la concentración de volúmenes y el mercado negro.

También señalaron que algunos grupos mantienen concesiones sin uso o con irregularidades y que la actualización del marco legal busca ordenar el sistema y asegurar el acceso para comunidades que enfrentan desabasto. (LV) 

Con información de López Dóriga, Sin Embargo, El Universal