Estados Unidos (EUA) registró en 2025 al menos 44 ejecuciones capitales hasta el pasado 5 de diciembre, la cifra más alta desde 2012, cuando se contabilizaron 43, según datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés).

Desde 1972, en este país se impusieron más de 9 800 sentencias capitales en 40 estados. Sólo el 15.7 por ciento de esas condenas culminaron en ejecución, mientras que casi la mitad (49.9 por ciento) fueron revertidas por decisiones judiciales.

Florida, el estado con más ejecuciones

Florida, en EUA, es el estado que más ejecuciones ha tenido durante 2025, 17 en total; rompió su récord histórico de ocho en un solo año, representando cerca del 39 por ciento del total nacional.

Si se llevan a cabo las dos penas de muerte programadas —Mark Allen Geralds el 9 de diciembre y Frank Walls el 18—, la cifra ascendería a 19, colocando a Florida en la cima de esta tendencia.

El gobernador Ron DeSantis ha firmado múltiples órdenes de ejecución y defendido la medida para casos graves de homicidio, argumentando que ofrece cierre a las familias de las víctimas.

En 2023, una reforma legislativa facilitó estas acciones al permitir que un jurado recomiende la pena capital con sólo ocho votos a favor de doce, eliminando la exigencia de unanimidad y desbloqueando condenas antiguas pendientes de apelaciones.

Otros estados de EUA que aplican la pena de muerte

Texas es el estado con el mayor número acumulado de ejecuciones desde 1976, pero suma sólo cinco en 2025; Alabama, Luisiana, Carolina del Sur y Misisipi contribuyen con cifras menores.

En contraste, el noreste y el oeste del país avanzaron hacia la abolición o moratorias, dejando la aplicación concentrada en el Sur, donde persisten sesgos raciales y defensas inadecuadas, según expertos.

El ritmo de ejecuciones bajó, alrededor de 30 anuales, frente a las más de 300 en los noventa.

Las ejecuciones actuales provienen mayoritariamente de casos antiguos, agotados tras décadas de litigios; sin embargo, algunos estados sureños reinsertaron métodos controvertidos como la inyección letal, el pelotón de fusilamiento y la asfixia por nitrógeno.

Reportes del DPIC advirtieron que en la pena de muerte siguen existiendo desigualdades; la demografía de los condenados muestra desproporciones raciales y de género, con afroamericanos sobrerrepresentados en el corredor de la muerte.

Además, argumentaron que "no hay evidencia de que disuada el crimen", cuestionando su uso político. (LV)