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Mónica Roldán Reyes, exabogada de Antonio Valente Martínez, alias ‘El Toñín’, señalado como presunto líder huachicolero en la zona del Triángulo Rojo, ahora se encuentra como encargada de despacho de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos en Puebla.

De acuerdo con una consulta realizada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), Mónica Roldán Reyes ingresó a la Fiscalía General del Estado (FGE) el 16 de mayo de 2025, donde fue dada de alta como fiscal especial o regional, adscrita al área de Derechos Humanos, con un salario neto mensual de 63 mil 367.64 pesos. Su llegada se dio tras la salida de Coral Franco Medina.

En su declaración patrimonial inicial emitida ante la FGE, la funcionaria reportó la posesión de un vehículo Nissan modelo 2017 y negó haber representado legalmente a alguna persona en los dos años previos a su ingreso a la Fiscalía.

Tampoco reportó la existencia de algún cliente principal en ese periodo. En su experiencia laboral declaró haberse desempeñado como abogada en una consultoría, como asesora técnica del diputado local Marco Antonio Rodríguez y como presidenta de la organización civil Comisión Ciudadana por la Democracia y Derechos Humanos, durante el periodo de 2013 a 2016.

En 2024, Mónica Roldán Reyes fue aspirante a la titularidad de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla. Fue en ese proceso cuando se le cuestionó su relación con Antonio Valente Martínez ‘El Toñin’, agricultor y presunto líder huachicolero.

En ese momento, la egresada de la Universidad Angelópolis negó cualquier vínculo con actividades delictivas.

“A ver, no lo defendí, solamente comenté que había agricultores que estaban llevando a su bodega hortalizas para donarlas, porque anteriormente se dijo que el señor Valente se iba a postular para ser diputado, tanto es así que lo sigue haciendo”, declaró en octubre de 2024.

Sin embargo, en 2020, Mónica Roldán Reyes defendió a Antonio Valente Martínez, quien durante la pandemia por covid-19 regaló hortalizas a pobladores de los municipios que integran al Triángulo Rojo, como Acajete, Acatzingo, Palmar de Bravo, Quecholac, entre otros, así como en colonias del sur de la capital poblana.

En ese año, la entonces defensora legal señaló lo siguiente:

“La ayuda es sin fines políticos… La pandemia ha hecho perder empleos y seres queridos; la forma de ayudar por parte de los agricultores es con despensa que se produce en Palmarito. Todo ha sido de forma legal, con donaciones de quienes producen. Nuestro representado no busca generar problemas a la sociedad ni al gobierno”.

Mónica Roldán Reyes, abogada de las víctimas del ataque armado de 2017 en el Triángulo Rojo

El vínculo de Mónica Roldán Reyes con la región del Triángulo Rojo se remonta a 2017, tras el enfrentamiento armado entre el Ejército Mexicano y presuntos huachicoleros en la comunidad de Palmarito Tochapan, en el municipio de Quecholac.

El 3 de mayo de ese año, de acuerdo con información oficial, personal militar realizaba un patrullaje cuando recibió un reporte sobre una toma clandestina en el poliducto Minatitlán–México, infraestructura que cruza dicho municipio. Al acudir al lugar, se registró un ataque armado entre presuntos delincuentes y fuerzas federales.

El saldo fue de 10 personas muertas, entre ellas una mujer, un menor de edad y cuatro elementos del Ejército Mexicano.

El 5 de mayo de 2018, Mónica Roldán Reyes denunció omisiones por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) , las cuales, afirmó, impidieron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cerrara el caso.

Tras una manifestación realizada en la Ciudad de México, la abogada —quien representaba a familiares de las supuestas víctimas— informó que la CNDH ya contaba con información de la Secretaría de la Defensa Nacional (hoy Defensa), la Policía Federal, la Policía Estatal Preventiva y de peritos en materia balística, forense y psicológica; sin embargo, señaló que era indispensable integrar el informe de la Fiscalía estatal para cerrar formalmente el expediente.

Precisó que hasta ese momento no existía respuesta a la queja interpuesta y reconoció que el expediente ya acumulaba 25 tomos de investigación, según lo hizo constar el visitador Rodolfo Pérez.

Fue en 2020 cuando un juez federal dictó sentencia de 51 años de prisión contra José Luis Vargas Trinidad, así como penas de 49 años contra Manuel Briones Navarro, Javier López Andrade y Luis Alberto Andrade, por el delito de homicidio en agravio de cuatro militares, derivado del ataque ocurrido en 2017.

De acuerdo con información federal, los sentenciados pertenecían al grupo delictivo encabezado por ‘El Toñín’, quien se encontraba en Palmarito al momento de los hechos. (MIG)

Carta aclaratoria by reportero econsulta