El gobernador Alejandro Armenta habló sobre las autoridades coludidas con el crimen y previó nuevas detenciones de presidentes municipales en Puebla, posiblemente en Quecholac, recalcando que faltan varios ediles por ser revisados.

Los dichos ocurrieron en Casa Puebla durante una reunión con directores de medios de comunicación, en donde el gobernador habló sobre la omisión o complicidad de actores con el crimen organizado.

Así lo relató en su espacio el columnista Fermín García, del diario La Jornada de Oriente, pues según su texto el gobernador dijo: “algunos presidentes municipales andaban en malos pasos… Ya no están”.

En este aspecto, el mandatario estatal aludió a los hermanos Uruviel, Giovanni y Ramiro González Vieyra, quienes fueron electos como alcaldes de los municipios de Chalchicomula de Sesma, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires, pero que actualmente no ocupan sus cargos al enfrentarse a procesos judiciales y se mantienen presos en la cárcel de mediana seguridad de Tepexi de Rodríguez.

Del mismo modo, los ediles de Cuautempan y Ahuazotepec, Gerardo Cortés Caballero y Alfredo Ramírez, también son perseguidos por la justicia en relación a distintos delitos, por lo que sus demarcaciones son gobernadas por concejos municipales.

De igual modo, señala García que el gobernador afirmó que “faltan varios alcaldes de ser revisados en su actuar frente al hampa y eso podría provocar su caída, pero es una labor que está en manos de la Marina”.

Entre quienes podrían sufrir el mismo destino de los hermanos González Vieyra se encontraría la edil de Quecholac, sobre la cual Armenta habría afirmado que “si me siento con el de Quecholac, me acusan con la presidenta (Sheinbaum)”.

La alcaldesa de Quecholac, María Guadalupe Martínez Gerardo, es hija del líder social de la región Antonio Valente Martínez Fuentes, así como sobrina del exedil Alejandro Martínez Fuentes.

Martínez Gerardo, quien es la alcaldesa más joven del estado con tan sólo 22 años de edad, fue electa en 2024 con el apoyo del partido Pacto Social de Integración (PSI), ello a pesar de las acusaciones que pesan en contra de su padre por supuestamente incursionar en diferentes delitos desde hace una década.

Aunque a Antonio Valente se le ha vinculado con el seudónimo de ‘El Toñin’, él lo ha rechazado y emprendido juicios contra quienes lo llamaron así; además, hubo señalamientos de estar involucrado en una red dedicada a la perforación de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en dicha región, integrante del Triángulo Rojo, y de acuerdo con el propio exfiscal general Gilberto Higuera Bernal, cuenta con una carpeta de investigación abierta desde antes de 2018.

De hecho, en el juzgado tercero de distrito en materia penal radica el amparo 524/2025 a nombre de Antonio Valente Martínez Fuentes.

Asimismo, en la zona Antonio Valente se ha vuelto un fenómeno al ayudar a la población al grado de construir casas y regalar comida.

El hermano de Antonio, Alejandro Martínez Fuentes, fungió como alcalde entre 2018 y septiembre de 2021, cuando tras haber obtenido la reelección fue detenido por agentes de la FGE y vinculado a proceso por los presuntos delitos de ejercicio indebido de funciones públicas y contra el funcionamiento del Sistema de Seguridad Pública.

No obstante, en abril de 2023, el exalcalde obtuvo su libertad luego de que un juez le otorgó un amparo y ordenó que se repusiera el proceso en su contra, decisión que el entonces titular de la fiscalía anunció que sería impugnada. (CR/MCJ)