Colectivas de Xicotepec y Huauchinango cuestionaron a la Fiscalía Regional de Huauchinango, luego de que una niña indígena de 12 años, víctima de agresión sexual, no pudo realizar su denuncia por la ausencia de un perito traductor en lengua náhuatl.

Señalaron que la menor viajó más de dos horas, pero su testimonio no fue recibido al no existir personal capacitado.

Integrantes de la colectiva Vivas Nos Queremos Xicotepec afirmaron que la intervención de mujeres organizadas impidió que la familia regresara a su comunidad sin presentar la denuncia.

Indicaron ellas gestionaron la presencia de un traductor y presionaron a las autoridades para que se brindara una atención mínima a la víctima y a sus familiares.

De acuerdo con las activistas, la reacción institucional ocurrió después de que el caso fue expuesto públicamente.

Consideraron que la Fiscalía intentó atribuirse un trabajo que, dijeron, se logró gracias al acompañamiento de organizaciones como Moms Huauchinango y Casa Carmen Serdán.

La Fiscalía General del Estado emitió un comunicado en el que confirmó que, al momento de la llegada de la menor y su familia, no contaba “de manera inmediata” con un perito traductor, situación que impidió la recepción del testimonio.

Informó que la víctima y sus familiares fueron trasladados al Centro LIBRE Casa Carmen Serdán para su resguardo y que las indagatorias iniciaron al día siguiente.

El organismo aseguró que el acompañamiento lingüístico fue proporcionado posteriormente por una asociación civil especializada en lengua náhuatl, y reiteró su compromiso con la protección de niñas, niños y adolescentes en el estado.

Sin embargo, las colectivas mencionaron que, de haber existido una respuesta oportuna, no habría sido necesario visibilizar las omisiones de la autoridad.

Colectivas y defensoras solicitaron a la Fiscalía General del Estado, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y a la Secretaría de Igualdad Sustantiva la certificación de intérpretes de náhuatl para garantizar el acceso a la justicia sin discriminación.

Además, agradecieron el apoyo de la Unidad de Atención a Delitos de Impacto, de Casa Carmen Serdán y de organizaciones locales que acompañaron el proceso. (BH)