Recibieron cinco mil 204 quejas ciudadanas por corrupción e ineficiencia en el servicio público durante el primer año de la administración de Clara Brugada y un total de siete mil 266 denuncias contra servidores públicos por presuntos actos de corrupción.

Así lo señaló este martes la titular de la Secretaría de la Contraloría General, Nashieli Ramírez Hernández, en su comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) por la Glosa del Primer Informe de Gobierno.

La mayoría de estos problemas no son grandes escándalos mediáticos, sino reclamos diarios: funcionarios que exigen dinero para permitir estacionarse, pipas de agua que no llegan o empleados que no cumplen con su labor, enfatizó Ramírez Hernández.

“Estamos hablando del reclamo cotidiano, del ‘atiéndeme bien’. La corrupción no sólo es lo que sale en los medios, también es el mal servicio”, explicó Ramírez Hernández, quien asumió el cargo hace apenas un mes.

Acorde con la funcionaria las quejas se concentran principalmente en alcaldías de la CDMX y muy pocas en dependencias del gobierno central.

Ramírez insistió en que el objetivo no es sólo sancionar, sino transformar la cultura institucional: “Tenemos que dejar atrás la formación punitivista del servidor público y fortalecer las competencias internas. Queremos una Contraloría más humana y cercana a la gente”, explicó.

Como parte de su estrategia, se implementaron capacitaciones para funcionarios que atienden ventanillas, medida que sorprendió a muchos empleados, pero que la contralora consideró indispensable. “El próximo año saldrán a las calles a atender directamente las quejas ciudadanas”, adelantó.

Casi 18 mil casos en investigación y 364 servidores sancionados

En la misma comparecencia Nashieli Ramírez detalló que la Contraloría trabaja actualmente con casi 18 mil denuncias ciudadanas por posibles actos de corrupción.

Del 5 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2025 realizaron 791 actividades de fiscalización, cubriendo el 100 por ciento de los entes públicos de la capital. De ellas, 227 fueron auditorías y 181 acciones de control interno, generando 305 observaciones, de las cuales 120 fueron de carácter administrativo.

La dependencia participó en 622 licitaciones públicas, 717 de invitación restringida y 931 adjudicaciones directas.  En total, se impusieron 390 sanciones a 364 servidores públicos. (JRLM)