Los delitos cometidos por servidores públicos no cejan en Puebla, pues cada mes desde hace cuatro años se presentan en promedio dos denuncias al día; en el primer trimestre de 2025 se registraron 206 carpetas de investigación, cuatro más que el año pasado cuando fueron 202.

De acuerdo con el Código Penal Federal, los delitos cometidos por servidores públicos abarcan desde la exigencia de pagos indebido, tráfico de influencias, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) en lo que va del año, el mes de febrero concentró la mayor cantidad de denuncias, con un total de 81, siguiendo marzo con 69 y enero con 56.

Por otro lado, durante 2024, las carpetas de investigación se distribuyeron de la siguiente forma: 63 en enero, 63 en febrero y 76 en marzo.

Denuncias bajaron desde 2020

Aunque los números de 2024 y 2025 se mantienen cercanos, el panorama cambia si se observan los últimos cinco años.

En 2020 se registraron 284 denuncias; para 2021 la cifra subió levemente a 291, pero desde entonces comenzó hubo una fluctuación en las cifras:

• En 2022 se presentaron 226
• En 2023 se presentaron 255
• En 2024 se presentaron 202
• En 2025 se presentaron 206

Los delitos más comunes cometidos por funcionarios

Los delitos cometidos por servidores públicos son aquellos actos ilícitos que realiza un funcionario del gobierno, como policías, jueces, alcaldes, funcionarios administrativos, en el ejercicio de sus funciones o aprovechándose de su cargo.

Estos delitos pueden ser: el ejercicio ilícito de servicio público, tráfico de influencias, abuso de autoridad, cohecho, coalición de servidores públicos, peculado, enriquecimiento ilícito e intimidación.

Estos se pueden definir de la siguiente manera:

• Ejercicio ilícito de servicio público: cuando el servidor público ejerce un cargo sin haber tomado posesión legítima, ni satisfecho todos los requisitos legales o que continúe ejerciendo las funciones de un cargo después de saber que su nombramiento fue revocado.
• Tráfico de influencias: promover o gestionar la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión.
• Abuso de autoridad: Impedir la aplicación de la ley o ejercer violencia sin causa legítima.
• Cohecho: Más conocido como soborno, es aceptar dádivas a cambio de favores oficiales.
• Coalición de servidores públicos: Aliarse con otros funcionarios para obstaculizar la ley o suspender funciones públicas.
• Peculado: Apropiarse indebidamente de recursos del Estado.
• Enriquecimiento ilícito: Aumento patrimonial sin justificación.
• Intimidación: Uso del miedo o abuso de poder para forzar decisiones. (PSR)