En Puebla, dos hermanas que forman parte de la estructura pública del gobierno estatal no han hecho pública su declaración patrimonial. Se trata de Anallely y Daniela López Hernández, delegadas de Bienestar y de Deporte y Juventud, quienes a pesar de ocupar cargos públicos y recibir un salario mensual, no cumplen con esta obligación administrativa.

El primer caso es el de Anallely López Hernández, quien lleva cuatro años como delegada del Bienestar en el municipio de Libres y percibe un sueldo bruto mensual de 19 mil 444 pesos.

Aunque su nombre aparece en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), no están disponibles los documentos que acrediten el cumplimiento de sus obligaciones de rendición de cuentas.

La omisión no sólo ocurre en la PNT, sino también en los portales estatales como DeclaraNet Puebla y la Plataforma Digital Estatal (PDE), donde debería encontrarse específicamente esta información.

Esto a pesar de que ley exige a toda persona servidora pública presentar estos documentos de manera periódica.

Entre el cargo y los lujos

De acuerdo con su currículo, López Hernández es licenciada en Derecho y Criminología por la Universidad Alvart de Puebla y, antes de su actual puesto actual fue regidora de Industria, de Comercio, Agricultura y Ganadería.

Además de su trayectoria en el servicio público, es una figura activa en redes sociales, donde suele compartir viajes al extranjero, regalos costosos y fotografías con vehículos de lujo.

A ello se suma que fue relacionada con Nazario Ramírez, empresario poblano detenido el 15 de octubre por delitos de extorsión y narcotráfico, presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La misma historia con su hermana

El caso no termina con Anallely, su hermana, Daniela López Hernández, también forma parte del gobierno estatal como delegada de Deporte y Juventud en la microrregión 7, con cabecera en Tlatlauquitepec, donde percibe un sueldo neto de 20 mil 677 pesos mensuales.

Sin embargo, al igual que su hermana, no hizo pública su declaración patrimonial en los portales de transparencia y tampoco aparecen sus datos ni los documentos que acrediten el cumplimiento de esta obligación.

Declaración de Situación Patrimonial

La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que todas las personas servidoras públicas deben presentar su declaración patrimonial y de intereses, como parte de los mecanismos que garantizan la transparencia, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción.

Lejos de ser sólo un trámite, esta declaración permite verificar la congruencia entre los ingresos y el patrimonio de las y los funcionarios, ayudando a detectar posibles casos de enriquecimiento inexplicable o injustificado. (MCJ)

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Síntesis Curricular 2 by reportero econsulta

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