Las irregularidades en el caso de Fernando Juárez Morales, víctima de un error judicial en Puebla continúan: ahora denunció a dos servidores públicos del gobierno estatal de Puebla de condicionarle la entrega de los fondos de ayuda y asistencia a los que tiene derecho.

En entrevista con e-consulta, Juárez Morales señaló que el subsecretario de Gobernación, Francisco Ramos, y la titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (Ceeavi), Lizeth Gallegos Lozano, lo habrían amenazado y condicionado para recibir el apoyo.

Los oficios en que realizó las denuncias las envió al gobernador Alejandro Armenta Mier, al secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, y a la presidenta del Congreso de Puebla, Laura Artemisa Sánchez García.

Acorde con los folios de Fernando, los funcionarios le exigieron eliminar de sus redes sociales las publicaciones en que denunció irregularidades de instituciones y al menos 13 servidores públicos por diversos delitos, entre ellos abuso de autoridad.

Y no solo eso, además señaló que le exigieron ofrecer disculpas o de lo contrario no se le otorgarían los recursos que la misma Ceeavi debería proporcionarle.

El día de las amenazas

Acorde con un oficio en poder de e-consulta, el pasado 27 de agosto se llevó a cabo una reunión en Casa Aguayo entre Juárez Morales, Francisco Ramos, personal de la Secretaría de Gobernación y de la Ceeavi.

En ese encuentro, el subsecretario le informó que la Ceeavi inició un proceso penal en su contra derivado de sus publicaciones en redes sociales, en las que señaló presuntas irregularidades de la propia Comisión y de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Juárez Morales respondió que ya promovió un juicio de amparo, a lo que la respuesta de Ramos fue: “A menos que borres las publicaciones, vería la forma de que los funcionarios de la Ceeavi te puedan ayudar”, acusó el hombre.

Sin una resolución clara, el afectado recurrió al abogado y activista Gustavo Zavala Solís, quien le indicó que los fondos de apoyo y subsidio no pueden condicionarse en ninguna circunstancia.

El 12 de septiembre Fernando acudió con su abogado a las oficinas de la Ceeavi para entregar un oficio en el que denunció estas nuevas irregularidades.

El documento estaba dirigido a Lizeth Gallegos, pero dos funcionarias se negaron a recibirlo; argumentaron que seguían instrucciones de la titular y de funcionarios de la Secretaría de Gobernación.

Con otro oficio Juárez Morales solicitó al secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, que se garantice su acceso a la justicia, el respeto a sus derechos como víctima y la entrega del fondo de ayuda y asistencia al que es acreedor, además de su reconocimiento formal como víctima de un error judicial.

Denuncia a 13 ministerios públicos por irregularidades

El pasado 21 de agosto, Fernando Juárez Morales presentó una denuncia ante la FGE contra 13 agentes del Ministerio Público por presuntos delitos relacionados con la procuración de justicia, abuso de autoridad y posibles vínculos con grupos delictivos.

Pero afirmó que la Fiscalía ignoró sus denuncias, ya que es la segunda ocasión en que solicita se investigue a los mismos agentes; pese a los compromisos de la fiscal Idamis Pastor Betancourt, las prácticas indebidas persisten, acusó.

Fernando Juárez pasó nueve años en prisión acusado de usurpación de funciones, cohecho y detentación de vehículo. A Tres años de recuperar su libertad, continúa denunciando que su caso evidencia la fabricación de delitos y la protección institucional hacia funcionarios corruptos. (JRLM)