Fernando Juárez Morales, víctima de un error judicial en Puebla, denunció que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEEAVI) está condicionando la entrega de los Fondos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, tras pedir la eliminación de las publicaciones realizadas en e-consulta donde acusa al Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) de corrupción, abuso de poder y fallas en el debido proceso.

El jueves 18 de septiembre, Juárez Morales acudió a Casa Aguayo para solicitar a la titular de la CEEAVI, Lizeth Gallegos Lozano, que le otorguen los apoyos a los que tiene derecho como víctima reconocida. Sin embargo, afirmó que de nueva cuenta se negaron a recibir su oficio y acusó actos de revictimización por parte de la funcionaria y del subsecretario de gobernación, Francisco Durán.

“Acudí nuevamente con mi oficio y no me lo quisieron recibir. Aquí existe revictimización de lo que soy objeto por parte de la titular de la CEEAVI y del subsecretario Francisco Durán” indicó.

Condicionan Acceso de Ayuda a víctima de error judicial

Todo inicio el 28 de marzo de 2025, cuando solicitó medidas de apoyo en alojamiento, alimentación, traslado, económico y desarrollo, previstas en la Ley de Víctimas del Estado de Puebla; sin embargo, la solicitud no tuvo seguimiento.

El 27 de agosto denunció que el subsecretario Francisco Durán lo condicionó a retirar sus publicaciones en redes sociales y las notas difundidas por e-consulta, que documentaron las irregularidades de la CEEAVI. Incluso —señala— tuvo amenazas de iniciar un proceso penal en su contra si no cumplía con las aclaratorias.

“Tengo que eliminar las publicaciones en mi cuenta de X, donde demuestro su actuar irregular de que nunca se concreta un verdadero acceso a los Fondos de Apoyo. A mí me están condicionando, por parte de Francisco Durán y Oscar Gómez de la Secretaría de Gobernación” informó.

No obstante, Juárez Morales recordó que cuenta con el amparo 211/2023, otorgado por el Juzgado Octavo de Distrito en materia civil, administrativa, laboral y de juicios federales en Puebla, protegiéndose legalmente de irregularidades judiciales.

“Cuando le mencioné que había promovido mi amparo cambió su actitud y sólo me dijo que acudiera a la CEEAVI para darle seguimiento”, relató.

El 12 de septiembre volvió a presentarse en oficinas gubernamentales; sin embargo, un funcionario no identificado informó que la Secretaría de Gobernación no aceptó los acuerdos de su solicitud y sugirió que asistiera a los Miércoles de Atención Ciudadana, retrasando nuevamente su derecho a acceder a la reparación integral.

Este jueves acudió nuevamente para ejercer presión, pero los funcionarios de la CEEAVI rechazaron su solicitud y le pidieron realizar el trámite de forma discreta, sin la titular ni su defensor jurídico presente.

“No me lo quisieron recibir, me tuvieron ahí una hora y 40 minutos. Según me iba a recibir la titular y nunca llegó” relató.

Amenazas e intimidaciones por parte de Ministerios Públicos

Juárez Morales entregó a e-consulta documentos que detallan 15 carpetas de investigación donde figura como víctima y que muestran que no han tenido avance.

En dichas carpetas se acreditan irregularidades como fabricación de delitos, robos, cateos ilegales y dilaciones en la investigación en su contra.

Aseguró que algunos de los ministerios públicos que señaló lo amenazaron de muerte, lo han intimado e incluso y le ha realizado revisiones arbitrarias, para que desistiera de sus denuncias. Enlistamos los agentes acusados.

Adelaida Flores Tlecuitl, a cargo de las carpetas:

• FGEP/CDI/FECC/CORRUPCIÓN.EST-I/45/2022
• FGEP/CDI/FECC/CORRUPCIÓN.EST-I/1073/2023

María Amdeleli Salomé Chacón:

• FGEP/CDI/FECC/CORRUPCIÓN.EST-I/139/2023
• FGEP/CDI/FECC/CORRUPCIÓN.MUN-I/502/2024/CORRUPCIÓN.EST

Marcia Lizeth Arroyo Soriano:

• FGEP/CDI/FECC/CORRUPCIÓN.EST-I/503/2023
• FGEP/CDI/FECC/CORRUPCIÓN.MUN-I/637/2023/CORRUPCIÓN.EST
• FGEP/CDI/FECC/CORRUPCIÓN.EST-I/245/2022

Las tres pertenecen a la Unidad de Hechos de Corrupción, ubicada en la colonia Chulavista.

A continuación, se alista a otros señalados por el denunciante:

• Cristian Jovani Cruz Méndez – FGE/FEAI/SERVPUB-1/84/2022
• María Guadalupe Sánchez Olivares – FGE/FEAI/SERVPUB-1/131/2023
• Irving Emmanuel Villavicencio Camas – FGE/FEAI/SERVPUB-1/97/2024
• Susana A. Osorio Acosta – FGE/EAT/FEAI/SERVPUB-1/97/2024 y FGEP/EAT/FEAI/SERVPUB-1/2/2025

Estos están adscritos a la Unidad de Asuntos Internos, que investiga delitos cometidos por servidores públicos, con sede en la colonia La Paz.

A ellos se suman otros seis agentes del Ministerio Público: Juan Carlos López Xicoténcatl; Íngrid Janett Limón Condado; Manuel Santamaría Sánchez; María Nayeli Rodríguez Sánchez; Perla María Vázquez Santa María y Yesica Yohana Gómez López.

Estos están adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Tortura y otros tratos crueles e inhumanos.

Acorde con Juárez, ellos intervinieron en su caso con dilaciones indebidas y encubrieron irregularidades en la averiguación previa 377/2014/UEIDTGF. Las carpetas que atribuye a su responsabilidad son las siguientes.

• 23/2017/FECCDGIHC-1A/UEIDTDF
• 30/2018/UEIDTDF
• 627/2018/UEIDTDF
• 108/2020/UEIT

Detención irregular en 2013, por policías municipales

El 6 de agosto de 2013 Fernando Juárez, también conocido como ‘El Mandela’ fue detenido cuando un grupo de policías municipales de la ciudad de Puebla le pidieron 200 mil pesos para liberar a unos taqueros que cuidaban su vehículo.

Dos semanas antes, su Versa había sido desvalijado en la colonia América Norte y debido a que notó la presencia de unos sujetos que fotografiaban su coche, solicitó la presencia de la policía.

Sin embargo, cuando llegaron, los individuos ya se habían ido en un Jetta rojo y los uniformados detuvieron a sus amigos.

Como una manera de agradecer la ayuda de los taqueros, Fernando accedió a dar el dinero que le pedían los cuatro policías, pero cuando llegaron a su casa, uno de los uniformados ingresó a la vivienda y le arrebató 985 mil pesos que guardaba en una mochila.

En ese instante, ‘El Mandela’ fue detenido y cuando lo presentaron a una agencia del Ministerio Público los uniformados indicaron que le decomisaron un arma de plástico tipo R-15, nueve cartuchos calibre 9 milímetros, binoculares, un sombrero cazador con logotipo de la Policía Federal y un Jetta blanco con reporte de robo, pruebas que nunca corroboraron.

En la actualidad, existe una denuncia que no ha prosperado en contra de los policías municipales y los agentes del Ministerio Público que lo detuvieron. (MCJ)