Después de negarse a transparentar el contenido del acuerdo para terminar el contrato del Museo Internacional del Barroco (MIB), ahora el Gobierno de Puebla escondió por cinco años otro acuerdo millonario.

Se trata de un contrato otorgado sin licitación para la compra de 27 módulos de maquinaria agrícola con un costo aproximado de 150 millones de pesos (mdp), mismo que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADR) descartó revelar.

El gobernador Alejandro Armenta Mier ha destacado que la compra de estos tractores se hizo por adelantado, puesto que estaba prevista para el año próximo, y sin concurso público para adjudicar el contrato con mayor rapidez.

El argumento de la dependencia que encabeza Ana Laura Altamirano para evitar transparentar el documento es que ello “podría causar perjuicio al interés público, al afectar la seguridad de las personas".

El pretexto para no transparentar

e-consulta solicitó vía transparencia conocer el contrato —o los contratos— que firmó el Gobierno estatal para comprar tractores y demás componentes de los módulos de maquinaria agrícola, considerando que el gobernador Alejandro Armenta ya entregó parte de la maquinaria en un evento público del municipio de Libres, el 4 de julio de 2025.

La Secretaría indicó que "la información fue clasificada como reservada en la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de este Organismo, de fecha 8 de agosto de 2025".

De acuerdo con la SADR, la información permanecerá oculta por cinco años, es decir, hasta el mes de agosto de 2030, el último año de la administración del gobernador Alejandro Armenta Mier.

La justificación para esta medida tomada por la dependencia es que "la divulgación del contrato solicitado, podría causar perjuicio al interés público al afectar la seguridad de las personas".

Pero en ningún momento se especifica de qué modo podría poner en peligro la seguridad de las personas, puesto que se trata de maquinaria que está en manos del gobierno estatal y su uso depende de los 27 delegados en las microrregiones del estado.

El anuncio del gobernador

El viernes 27 de junio, durante una gira de trabajo por la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec, el titular del Ejecutivo estatal hizo un anuncio sorpresivo: iba a comprar 27 módulos de maquinaria agrícola y para ello evitaría el proceso habitual de una licitación.

“Vamos a adjudicar, ¿qué significa adjudicar? Buscamos tres empresas que vendan a bajo costo, sin moches, sin milpas, sin comisiones, mejor precio. Vamos a comprar ya", dijo enérgico Armenta.

De manera pública el mandatario solicitó a la titular de la SADR que propusiera tres posibles proveedores de maquinaria que puedan atender el pedido del Gobierno poblano.

“Le estoy pidiendo a la secretaria, hoy me tiene que decir tres empresas en Puebla que vendan tractores porque tenemos 150 millones (de pesos) disponibles para tractores para el próximo año, los vamos a comprar ya para el temporal, para el temporal. Y vamos a barbechar”, declaró el gobernador.

Solo una semana después, el 4 de julio, Armenta presentó oficialmente estos módulos de maquinaria e inicio con la entrega de los mismos en el referido evento de Libres.

El boletín oficial indicó que "el programa contempla maquinaria como tractores, sembradoras, aspersores, drones fumigadores y niveladoras, distribuidas por 27 microrregiones en el estado, lo que permite atender este año 134 mil hectáreas, como parte de una meta final de 600 mil hectáreas actualmente improductivas".

No es el único acuerdo que esconden

La decisión de ocultar el contrato para la compra de los módulos de maquinaria agrícola se suma a la realizada para reservar también por cinco años el acuerdo para terminar anticipadamente la asociación público-privada (APP) del Museo Internacional del Barroco (MIB).

Así lo manifestó la Secretaría de Arte y Cultura de Puebla, que se encargó de realizar el acuerdo, según lo refirió la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Gobierno de Puebla.

La dependencia que encabeza Alejandra Pacheco Mex justificó su negativa argumentando que existe una investigación contra los funcionarios involucrados en la firma del contrato para la construcción. La investigación inició desde el gobierno de Miguel Barbosa. (CR)