Aunque el segundo trimestre del año registró una disminución en 11 de 14 delitos de alto impacto, esta aparente mejora no refleja la realidad que percibe la ciudadanía, debido a las deficiencias en los procesos de denuncia y a la alta cifra negra que supera el 90 por ciento en el estado.

Juan José Hernández López, representante del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM), explicó en entrevista para e-consulta que, si bien los datos muestran una tendencia a la baja, estos resultados no coinciden con la percepción social debido a problemas estructurales en la atención a víctimas.

“Todavía existen deficiencias para realizar las denuncias, como son tiempos prolongados y un seguimiento limitado en muchos casos. Entonces se empieza a generar un desinterés por realizar una denuncia, y eso es lo que nosotros remarcamos mucho en este reporte”, apuntó Hernández López.

Con esta declaración, el especialista señala que la desconfianza y la ineficiencia en el proceso desalientan a la población a acudir a las autoridades, lo que contribuye al subregistro de delitos.

“Se debe trabajar bastante, precisamente no sólo en la parte operativa para la disminución de los delitos, sino también en que ésta vaya de la mano o esté vinculada con la percepción de la ciudadanía”, mencionó.

Aquí enfatiza que una reducción estadística sin un cambio en la percepción social genera un vacío: la gente sigue sintiéndose insegura, aunque los números mejoren.

Falta de denuncias: un obstáculo recurrente

De acuerdo con el especialista, la cifra negra en Puebla se mantiene por arriba del 90 por ciento, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esto significa que la mayoría de los delitos no se reportan, afectando la precisión de las estadísticas oficiales.

“Aunque hay delitos que de alguna manera requieren la denuncia, como es el caso del robo de vehículo, en otros casos como el robo a negocio o el robo a transportista, precisamente porque te lo solicitan las aseguradoras, eso tampoco es garantía de que se realice la denuncia, debido a los impactos de violencia que algunos generan, y mucho se nota en el caso del robo a transportista”, agregó.

Hernández subraya que ni siquiera en delitos donde hay interés económico de por medio se garantiza que la víctima formalice su queja ante el Ministerio Público.

Hernández añadió que los robos, especialmente los de bajo monto, suelen quedar impunes porque los afectados consideran que no vale la pena el proceso de denuncia. En contraste, delitos graves como homicidio doloso o culposo casi siempre se reportan por su impacto directo.

“En el caso del secuestro, por las circunstancias que se puedan presentar, el temor y todos esos indicadores negativos, hace que no todos los secuestros sean denunciados. Y obviamente el más complejo es el de extorsión, que es un delito silencioso: al final del día una llamada en la que te están extorsionando, en algunos casos se denuncia por vía telefónica, pero en otros simplemente te quedas con la experiencia”, dijo.

Aquí remarca que el miedo y la desconfianza afectan gravemente la denuncia en delitos de alto impacto, especialmente en aquellos donde la víctima teme represalias directas.

Llamado a mejorar la atención en fiscalías

El IGAVIM propone que la disminución de delitos vaya acompañada de una mejor percepción ciudadana, lo que implica hacer eficientes los tiempos de atención y fortalecer la coordinación entre las distintas esferas de gobierno.

“Mucho del trabajo que se tiene que realizar es dentro de la operatividad: que se haga eficiente ese trabajo entre las diferentes esferas gubernamentales para disminuir realmente el delito, lo que conlleva conocer todo lo que existe en el territorio de las zonas principales o de las regiones para atenderlo. De esa manera empezará a existir una mejor percepción por parte de la ciudadanía, no sólo de a quienes se les cometen delitos, sino también de los alrededores”, concluyó.

El representante del IGAVIM sugiere una acción integral: mejorar la respuesta institucional y actuar con enfoque territorial para atender las problemáticas específicas de cada región.

“Necesitamos que exista mayor eficiencia en los tiempos de atención y de respuesta por parte de las fiscalías para que el interés ciudadano sea mayor y, de esta manera, empiece a existir una mejor percepción, que eso es lo importante, que vaya de la mano una disminución con una percepción positiva y no de manera contraria”, mencionó. (PSR)