El gobierno de Donald Trump busca revocar la ciudadanía estadounidense a los migrantes ya naturalizados que hayan cometido ciertos delitos o que supongan una amenaza para el país.

El Departamento de Justicia del país emitió un memorando, con fecha del 11 de junio, que declara como prioridad atender los procedimientos de desnaturalización en casos previstos en la ley.

Esta política deja un marco ambiguo para la clasificación de estos delitos, por lo que serán considerados a criterios de los abogados.

Estos delitos serán juzgados por la vía civil, y de acuerdo con The Guardian, el procedimiento implica que los acusados no tienen derecho a contar con un abogado como en los procesos penales.

Las categorías de delitos consideran a personas que atenten contra la seguridad nacional, lo cual incluye a aquellas que hayan cometido crímenes de guerra, de tortura o sean miembros de algún cártel de droga. Se incluyen delitos de fraude a programas de seguro médico, Medicaid.

“Estas categorías no limitan la capacidad de la división civil para procesar un caso en particular, ni se enumeran en un orden de importancia particular. Además, la división civil se reserva la facultad de procesar casos fuera de estas categorías según lo considere apropiado” se expone en documento firmado por Brett A. Shumate, titular de la dependencia estadunidense.

Esta declaración supone un riesgo para los derechos civiles, acusan activistas, ya que la ambigüedad del marco normativo otorga a los fiscales la libertad de incluir infracciones que consideran aplicables para iniciar el proceso de desnaturalización.

La política responde a la agenda antimigratoria del presidente Donald Trump, que presenta avance tras el fallo de la Corte Suprema estadunidense que limita la ciudadanía por derecho de nacimiento en diversas partes de Estados Unidos. (JRLM)