La aprobación de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el Senado mexicano ya generó críticas y preocupaciones sobre sus implicaciones para la libertad de expresión y la privacidad de los mexicanos.

El Cardenal Francisco Robles, en una declaración calificó esta reforma como un paso grave al autoritarismo; argumentó que atenta contra las libertades fundamentales al otorgar al gobierno facultades excesivas para controlar las comunicaciones.

Robles mencionó que este tipo de decisiones están más enfocadas en la búsqueda de permanecer en el poder que en resolver los problemas del país.

“Ellos dicen que todo lo hacen por voluntad del pueblo, pero si analizamos es una parte del pueblo del que ellos se sirven, del que pretextan para hacer sus aprobaciones.

“Ya prácticamente no nos queda nada. Ya desmantelaron todo aquello que nos caracterizaba como un pueblo que quería ser demócrata”, afirmó el cardenal de Guadalajara en su reunión dominical, ayer con la prensa.

¿En qué consiste la reforma?

La reforma, aprobada la noche de 28 de junio con 77 votos a favor y 30 en contra, busca reestructurar el marco institucional y regulatorio del sector, promoviendo un enfoque social en el uso del espectro radioeléctrico y priorizando la cobertura para comunidades marginadas.

Esta nueva ley obligará a los concesionarios a establecer defensorías de audiencias propias, un mecanismo diseñado para atender denuncias relacionadas con desinformación o difamación.

Además, los medios deberán implementar códigos de ética y distinguir entre el contenido informativo y opiniones, promoviendo mayor transparencia y responsabilidad en la comunicación.

La legislación también redefine las reglas para la propaganda de gobiernos extranjeros, un aspecto que impulsó la reforma tras los anuncios de Kristi Noem, titular del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

De acuerdo con la nueva ley sólo se permitirá la difusión de contenidos culturales, turísticos o deportivos, con sanciones previstas para la publicidad extranjera que no cumpla con estas disposiciones.

Otro cambio es la eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), reemplazado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

Opiniones en contra

Personajes de la oposición como la senadora Michel González Márquez —del Partido Acción Nacional (PAN)— denunciaron que la ley permite al gobierno acceder a la geolocalización de ciudadanos sin orden judicial, lo que representa un riesgo para la privacidad, especialmente para activistas, periodistas y defensores de derechos humanos.

“No se puede decir que se coarta un poquito la libertad o la privacidad. O se respetan o se violan”, afirmó González Márquez.

José Antonio García Herrera, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), advirtió que las facultades prácticamente ilimitadas de la ATDT podrían derivar en decisiones discrecionales, afectando la estabilidad del sector.

La Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi) señaló que esta superagencia amenaza el ecosistema digital del país al concentrar poder sin mecanismos de supervisión autónomos.

Opiniones a favor

Legisladores de Morena como Javier Corral y María Guadalupe Chavira De La Rosa defendieron la reforma. Argumentaron que moderniza el sector y garantiza un acceso equitativo a los servicios de comunicación, especialmente para medios comunitarios, indígenas y afromexicanos.

Alejandra Barrales senadora de Movimiento Ciudadano (MC), dijo que la ley escucha a la sociedad civil y quita el exceso de facultades que tenía la ATDT, mismas que de 66 se redujeron a nueve.

Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM), mencionó que el acceso a la geolocalización de los usuarios ya existía en la legislación vigente.

“Este ´big brother´, y esta mentira que están urdiendo, ya estaba en la ley desde 2014, y fue aprobada con el voto del PRI y el PAN”, dijo Ramírez Marín. (JRLM)