En Puebla se pretende combatir delitos de este siglo con estructuras del siglo pasado, pues no existe una Policía Ministerial especializada en ciberasedio, ciberacoso, phishing, grooming, fraude informático o suplantación de identidad.

A lo más que llega Puebla es una Policía Cibernética que colabora a petición de la Fiscalía General de del Estado (FGE), así lo refirió Jesús Alfredo Páez San Martín, especialista en ciberseguridad y exmiembro de la Policía Cibernética en entrevista para e-consulta.

En una revisión, en la estructura de la Fiscalía General del Estado no aparece una Fiscalía especializada, dirección o área específica para investigar ciberdelitos.

A pesar del aumento en los casos relacionados con delitos digitales, la dependencia no ha desarrollado una unidad técnica para atenderlos de manera efectiva, explicó Paéz San Martín, quien se ha mantenido al tanto del desarrollo de la polémica Ley de Ciberasedio.

Al abundar en la policía cibernética, el especialista señaló que ni si quiera la Secretaría de Seguridad Pública del Estado tiene un área definida.

Considera que Puebla debería tener una Dirección de Policía Estatal Cibernética, así como hay una Dirección de la Policía Estatal Turística o una Dirección de Policía Estatal Preventiva.

“La Policía Cibernética no está contemplada como policía, no está en el sistema de profesión de carrera. Entonces, por lo tanto, son como administrativos, están en un limbo, entonces solamente se da orientación y se canaliza la Fiscalía” señaló.

El problema ocurre, entonces, en que la Fiscalía no tiene personal ni herramientas para combatir delitos cibernéticos.

Trabajo limitado y rebasado

La principal función de la Policía Cibernética actualmente es preventiva, difunden campañas en redes sociales, ofrecen pláticas en escuelas, atienden reportes ciudadanos y colaboran con la Fiscalía en investigaciones cuando se les solicita, pero dependen de oficios formales por parte del Ministerio Público.

Sin embargo, el especialista reveló que en la Fiscalía no hay una unidad como tal para delitos cibernéticos.  Además, el personal tiene mucho trabajo y no cuentan con las herramientas necesarias.

“Los compañeros que están allá en fiscalía tienen mil, tres mil carpetas de investigación por agente, entonces realmente es algo humanamente imposible que puedan atenderlas.  Además, se necesitan herramientas tecnológicas, convenios y órdenes judiciales para obtener cierta información… La fiscalía no las tiene”, mencionó.

Incluso dentro de la misma Fiscalía hay desconocimiento sobre la existencia de esta unidad preventiva, lo que complica aún más la atención efectiva a las víctimas de delitos digitales.

Críticas al término "ciberasedio"

El especialista también cuestionó el uso del término “ciberasedio”, recientemente incluido en la legislación, al considerar que se trata de un concepto ambiguo que ya está contemplado en las leyes bajo la figura de ciberacoso.

“No hay normativa internacional que respalde ese término. Lo correcto sería fortalecer la definición de ciberacoso y clasificar sus variantes, como el doxing, las funas o las campañas de difamación digital”, explicó.

Jesús Alfredo también señaló inconsistencias en la redacción del artículo 278 Nonies del Código Penal del estado, que regula el ciberacoso. Aunque este fue ubicado dentro de los delitos sexuales, su redacción es tan ambigua que puede dar lugar a interpretaciones erróneas.

Por ello, sugirió modificar el termino y darle el nombre de violencia sexual digital, y en esta incluir formas de violencia que se están dando a través del ciberespacio y así fortalecer la ley Olimpia.

Finalmente, Jesús Alfredo advirtió que no basta con crear más leyes si no se fortalecen las instituciones. Mencionó que debe existir un sistema integral conformado por diferentes profesiones, con el objetivo de dejar atrás las estructuras del siglo pasado.

“Es todo un sistema, tiene que haber peritos, abogados, agentes del Ministerio Público y agentes investigadores, e incluso jueces que conozcan todo lo relacionado con esas nuevas tecnologías. Estamos queriendo combatir delitos de este siglo con estructuras del siglo pasado”.

Insuficiente, excluir a funcionarios de la Ley de Ciberasedio: Coparmex

Por su parte, la presidenta del Centro Empresarial de Puebla (Coparmex), Beatriz Camacho, consideró que es insuficiente excluir a funcionarios del artículo 480 de la Ley de Ciberasedio, dado que se requiere de una reforma integral.

En conferencia de prensa, señaló que esta acción de nueva cuenta será violatoria del principio de igualdad, debido a que no sé estaría aplicando para todos.

Resaltó también que la redacción del artículo 480 seguiría en la ambigüedad y mantendría su principal problemática de atentar contra la libertad de expresión, por lo que consideró que este artículo necesita una reforma integral.

"Por supuesto que no es suficiente, otra vez sería violatorio de un principio de igualdad por supuesto. Este artículo amerita y necesita una reforma integral para que concretamente elimine su ambigüedad (...) La redacción de esta ley es lo que vulnera la libertad de expresión, entonces seguiríamos vulnerándola, si nada más eliminamos el tema de los servidores públicos", expuso.

La presidenta del Centro Empresarial compartió que el 25 de junio, tuvieron un Parlamento Abierto con la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Laura Artemisa García Chávez, en el que participaron sus agremiados, académicos y sociedad civil.

Sobre este foro comentó que hubo nueve ponentes que expusieron las preocupaciones de esta ley, además de que le entregaron a Laura Artemisa una carpeta con 19 propuestas de mejora para el artículo 480 de la Ley de Ciberasedio.

De acuerdo con Beatriz Camacho, la diputada se comprometió a tomar en cuenta estas propuestas y tener una reunión con la Jugocopo para empezar a trabajar en la reforma al artículo, sin dar un tiempo en específico para hacer estos cambios. (MCJ) *Con información de Manuel Cuellar