La Ley de Ciberasedio recién avalada en Puebla podría ser utilizada para castigar críticas incómodas y derivar en censura encubierta a críticas legítimas, lo que limitaría la libertad de expresión en entornos digitales.

Este fue el señalamiento que hizo la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su portal web sobre la reforma al Código Penal estatal que aprobó el Legislativo poblano el pasado 13 de junio en fast track.

El artículo titulado Preocupa a la SIP iniciativa en México para combatir el “ciberasedio” publicado el 17 de junio del presente año, recopiló una serie de aseveraciones de la prensa mexicana sobre la Ley de Ciberasedio y comentarios críticos contra la reforma.

“La reforma al Código Penal autoriza a empresas y plataformas a eliminar contenidos tras una simple solicitud, sin intervención judicial ni revisión independiente. Esto crearía una vía rápida para censurar crítica legítima, testimonios incómodos o investigaciones periodísticas, según los críticos de la reforma”, reza el artículo de la SIP.

Institucionalizar la censura por encargo, advierten

“Lo que está en juego es el derecho de toda la sociedad a informarse y debatir. Esta iniciativa puede borrar del espacio público información incómoda, dañando la memoria colectiva y la rendición de cuentas”, fueron las declaraciones de José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, además de CEO y director general de La Prensa Gráfica de El Salvador.

En su artículo, la SIP señaló que los términos utilizados para referir a los delitos —que podrían castigarse con hasta tres años de prisión— son vagos y ambiguos, ya que abarcaría desde difamaciones hasta opiniones críticas o denuncias periodísticas.

“Esta vaguedad, según los críticos, abriría la puerta a eliminar contenidos no por su falsedad, sino por presiones de actores con poder o intereses”, se lee en la página web de la asociación.

“Esta ley corre el riesgo de institucionalizar la censura por encargo (…) sin debate público, sin transparencia y sin defensa posible”, fue la opinión recogida en el texto sobre la Ley de Ciberasedio de la directora de la Organización Editorial Mexicana (OEM) y presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos.

¿Qué es la SIP?

En su página web, la Sociedad Interamericana de Prensa asegura que su misión es “trabajar sin descanso para promover las libertades de prensa y expresión”.

Está integrada por más de mil 300 entes —medios impresos, de radio, televisión, digitales, asociaciones de prensa y empresas proveedoras de servicios e individuos— de los que recibe contribuciones.

Subsiste además de donaciones de terceros con fondos que genera a través de eventos. Entre sus acciones está el promover la libertad de prensa con campañas educativas y ceremonias de firma de la Declaración de Chapultepec, que endosaron más de 80 jefes de Estado.

Esta asociación de propietarios, editores y directores de diarios, periódicos y agencias informativas de América se creó en 1943 en La Habana, denuncia desde entonces casos que considera violatorios a la libertad de prensa, amenazas o agresiones contra periodistas o medios y además brinda apoyo a periodistas encarcelados por ejercer su profesión.

Las críticas contra la SIP

El trabajo que desde hace más de 80 años realiza la SIP no queda exento de críticas; distintos medios de Argentina y Cuba han acusado infiltración por medio de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en sus miembros.

Los señalamientos son de los medios Cubadebate y Página 12, y organizaciones como el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) y de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA).

Han señalado en textos publicados en sus páginas web a medios adscritos a la SIP de representar intereses de los grupos económicos propietarios de los medios informativos y no de realmente la defensa de periodistas o la libertad de expresión.

En 2005, el expresidente de Argentina, Néstor Carlos Kirchner, los acusó de ignorar la censura que hubo en Argentina durante la dictadura de 1976 a 1983 y recordó que Danilo Arbilla, expresidente de la SIP, se desempeñó como jefe de prensa de la dictadura uruguaya, que duró de 1973 a 1985.

En casos más recientes sobre dictaduras en Latinoamérica la asociación habría ignorado o al menos no denunció la muerte de más de 23 periodistas tras el golpe de Estado en Honduras de 2009, de acuerdo con el señalamiento de la periodista Sandra Russo.

También recibió señalamientos sobre ser una trinchera anticomunista en la década de los 70 y estar aliada con gobiernos estadunidense de aquella época. (MIG)