Israel Flores Rodríguez, titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en Puebla, ordenó al senador Gerardo Fernández Noroña, de Morena, desbloquear a un usuario en la red social X, marcando un precedente en la regulación de la libertad de expresión en plataformas digitales.

La decisión, emitida el 13 de junio, responde a una denuncia presentada por un ciudadano que alegó haber sido bloqueado tras expresar críticas hacia el legislador en 2019.

El conflicto comenzó cuando el usuario Ángel Hernández publicó comentarios que Noroña interpretó como insultos y acoso.

El senador, conocido por su activa presencia en redes, bloqueó al individuo, argumentando que las publicaciones representaban una forma de intimidación personal, al llamarlo “puto”.

Sin embargo, el juez determinó que, al tratarse de una cuenta oficial vinculada a su cargo público, Noroña no puede restringir el acceso de ciudadanos que ejerzan su libertad de expresión, incluso si los mensajes son ofensivos.

La resolución obliga al legislador a restablecer el acceso del usuario y evitar futuros bloqueos arbitrarios.

El INAI respaldó el veredicto del juez

La sentencia, respaldada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), subrayó que las cuentas de funcionarios públicos en redes sociales tienen un carácter institucional.

Según el fallo, el bloqueo vulneró el derecho del demandante a participar en el espacio digital, especialmente considerando que Noroña utiliza su perfil para difundir información oficial y responder a la ciudadanía.

El senador, quien ha denunciado acoso en varias ocasiones, expresó su desacuerdo, señalando que las redes se han convertido en un terreno hostil para los políticos.

El usuario afectado celebró la resolución como una victoria para la libertad de expresión, afirmando que su intención era cuestionar las posturas políticas del senador, no acosarlo.

Por su parte, Noroña ha insistido en que las redes sociales facilitan ataques personales, citando mensajes que incluyen insultos y amenazas. Sin embargo, el juez descartó que los comentarios del demandante constituyeran un delito, calificándolos como parte del debate público legítimo. (MCJ)