El jefe del gabinete estatal, José Luis García Parra, defendió la propuesta de Ley de Seguridad Cibernética que será sometida a votación en el Congreso estatal y aseveró que esta no busca censurar la opinión, sino impedir la violencia digital.

Así lo declaró durante la conferencia matutina del gobernador Alejandro Armenta, en la cual se pronunció sobre esta iniciativa que él mismo presentó durante su breve período como diputado local al principio de la actual legislatura.

El funcionario manifestó que en su momento dicha propuesta fue avalada por los grupos parlamentarios de todos los partidos, en tanto que en la actualidad “ya está avanzando el proceso legislativo, están seguramente en estos días convocando a reunión de la comisión que tiene este trabajo”.

García Parra destacó la importancia de que “tengamos un marco jurídico que proteja a todos y a todas en Puebla en el ciberespacio, que ahorita en Puebla y en todo el país no hay una ley como esta”, por lo cual se trataría de una legislación singular.

El jefe de gabinete recalcó que todos están expuestos a ser víctima de una agresión digital, puesto que “así de fácil con un correo te roban tus datos personales, se meten a cometer delitos con tus datos, pueden vaciar tus cuentas y cuando llegas con la autoridad a presentar una denuncia, pues como no está tipificado este tipo de delitos, no hay prácticamente nada que hacer”.

No obstante, el funcionario afirmó que “esta ley en materia de ciberseguridad sobre el ciberacoso, el ciberasedio, no es una ley que censura opiniones. No sanciona la crítica, sanciona la violencia. Va a estar tipificado y penado con multa y hasta con tres años de prisión”, por lo cual rechazó que vaya a ser un instrumento para penalizar la libertad de expresión.

Esta propuesta legislativa que será votada este jueves busca categorizar como conductas delictivas en el ciberespacio acciones tales como el grooming, fraude electrónico, usurpación de identidad, espionaje digital y ciberasedio.

Para esto, se reformaría el Código Penal para sancionar la usurpación de identidad con penas que van de uno a cuatro años de prisión, así como con multas de 50 a 200 UMAS, es decir, de 5 mil 657 hasta 22 mil 628 pesos.

Cuando se utilice para dañar económicamente a la persona usurpada, se castigaría con un mínimo de seis meses y un máximo de diez años, así como de cinco a mil UMAS; en el caso del espionaje digital, las sanciones serán de uno a tres años de prisión y multas de 50 a 250 UMAS.

Mientras que el ciberasedio será penado con uno a tres años de prisión, así como con multas de 50 a 250 UMAS, que corresponden a 5 mil 657 hasta 22 mil 628 pesos. (PSR)