El Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM) emitió un comunicado donde denuncia que la iniciativa para tipificar el ciberasedio como delito continúa siendo insuficiente, sin un análisis profundo ni participación de expertos, lo que puede abrir la puerta a vacíos legales y violación de los derechos.

Advierte que la vigilancia para detectar casos de grooming o ciberasedio podría derivar en monitoreos masivos que violen el artículo 16 constitucional, tal como ocurrió con el caso Pegasus en 2021.

Además, alertan que esta redacción ambigua puede facilitar hackeos a instituciones públicas al no establecer límites claros lo que puede vulnerar la libertad de expresión.

#Puebla
Sigue siendo lamentable que las iniciativas mantengan un análisis parcial, se minimice la inclusión ciudadana en temas delicados y en este tema, exista la posibilidad de vulnerar la seguridad de la persona.@Gob_Puebla @ONUDHmexico @CongresoPue https://t.co/VkHFzLjHoa pic.twitter.com/PJOKdQXb90

— IGAVIM ObsCiudadano (@IGAVIM) June 12, 2025

Falta de instituciones especializadas

La definición poco precisa de ciberasedio podría usarse para reprimir la disidencia, un riesgo ya identificado en la Ley de Seguridad Interior. Además, la propuesta no contempla la creación de un Centro Estatal de Respuesta a Incidentes Cibernéticos (CSIRT), un vacío que destaca la carencia de estas instituciones en América Latina.

Además, señalo que, sin controles adecuados, la policía cibernética podría ser susceptible a sobornos. La identificación incorrecta de delitos como el grooming ya derivo en detenciones erróneas, como un caso en Yucatán.

Asimismo, la complejidad de las pruebas digitales podría dilatar las investigaciones y reducir la tasa de resolución de casos.

Riesgos de desigualdad

En su análisis advierte que el carácter subjetivo del ciberasedio podría favorecer a acusadores con mayores recursos, perpetuando desigualdades, como ocurre con casos de difamación en línea en Jalisco.

La organización también subrayó que la falta de acceso equitativo a tecnología o capacitación dejará a comunidades rurales, como las de Puebla, en situación de desprotección, lo que profundizaría la brecha de ciberresiliencia.

Presupuesto ausente y omisiones

La propuesta no contempla recursos económicos específicos para fortalecer fiscalías ni procesos forenses para la recolección de evidencia digital, lo que limita su viabilidad. Además, sólo sanciona conductas entre particulares, omitiendo delitos cometidos desde el interior de instituciones públicas.

Otro punto es la ausencia de una justificación clara para armonizar esta legislación con el Código Penal federal, debido a que ya existen figuras como el fraude electrónico o la usurpación de identidad en el marco jurídico federal, por lo que podrían generarse conflictos legales.

Otras amenazas cibernéticas

El comunicado considera indispensable que la legislación contemple otras amenazas cibernéticas como deepfakes (imágenes, videos o audios que son editados), ransomware (tipo software malicioso que cifra los datos de un usuario), secuestro de cuentas o ciberextorsión mediante bots, actualmente ausentes en la propuesta.

Llamado a fortalecer la iniciativa con enfoque ciudadano

IGAVIM propone que:

• Se incluya a la ciudadanía en el fortalecimiento del análisis legislativo
• Se convoque a expertos en ciberseguridad, derecho y derechos humanos para asegurar que la norma no sea usada con fines políticos ni afecte a personas inocentes
• Se revise la iniciativa para que, aunque busca llenar vacíos legales en ciberdelitos y alinear a México con estrategias internacionales, se corrijan sus debilidades en implementación, recursos, enfoque jurídico y protección de derechos fundamentales (MCJ)