Silvia N., una mujer de 30 años de edad que vive en Tehuacán, fue acusada por uno de sus familiares cercanos por presuntamente ejercer violencia contra sus dos hijas, además de permitir que su pareja las golpeé y las ponga a trabajar.

Las niñas, de 7 y 9 años de edad, no tienen un lugar fijo de residencia ni asisten a la escuela, sino que la abuela materna de ellas, Josefa N., de 73 años, se encarga de su sustento desde que nacieron.

El testimonio también mencionó que las menores se encuentran en una situación vulnerable porque tanto su padrastro como la madre supuestamente consumen drogas.

En 2024, Silvia llegó a golpear a su padre por presuntamente estar bajo el influjo de estupefacientes.

Por ello, Josefa es quien tiene que viajar desde su pueblo, en Chignahuapan, hasta Tehuacán para ver a sus nietas y llevarles comida o medicamentos.

Hace un año activaron alerta Amber por las niñas

En 2024, los padres de Silvia, junto con una de sus hermanas, activaron la alerta Amber en el Centro de Justicia de Tehuacán, lugar de residencia de la hermana, puesto que se desconocía el paradero de las niñas y de la pareja.

El Ministerio Público ayudó a pegar fichas de búsqueda, y el papá de Silvia tuvo que pagar 3 mil pesos para que rastrearan el número de su hija y dar con su ubicación.

Familiares de las dos niñas hicieron un llamado de ayuda a las autoridades para que se encarguen de que Josefa N. pueda obtener la custodia de sus nietas.

Presuntamente, ya acudieron al DIF para pedir ayuda, pero las autoridades les dijeron que para poder tomar acciones, las afectadas deben de estar establecidas en un hogar fijo, pero en su caso, no se sabe con certeza si permanecerán en una misma locación por más de un mes.

¿Qué sanciones aplican para casos de maltrato infantil en Puebla?

Según el Artículo 284 y 284 Ter del Código Penal del Estado de Puebla, la violencia familiar, que abarca el maltrato físico o psicológico a menores, se castiga con penas de dos a ocho años de prisión, dependiendo de la gravedad del caso.

Este delito se persigue de oficio, lo que significa que no requiere denuncia de la víctima para iniciar una investigación.

En 2022, se reformó el Código Penal para incrementar las sanciones por maltrato infantil, equiparando la violencia contra menores al delito de violencia familiar.

Esto incluye conductas que impliquen el uso de violencia física o moral contra niñas, niños o adolescentes. (PSR)