En Puebla, durante 2025, los dueños de perros sí enfrentan sanciones si sus mascotas muerden a una persona en la vía pública. Las multas y medidas aplicables dependen de la gravedad del incidente, el municipio donde ocurra y si hubo negligencia al momento del ataque, según lo establecen la Ley de Bienestar Animal y reglamentos locales.

De acuerdo con el artículo 65 de la Ley de Bienestar Animal del Estado de Puebla, los propietarios deben prevenir cualquier daño causado por sus animales. Si un perro ataca a alguien, las autoridades pueden imponer desde apercibimientos hasta multas económicas que oscilan entre 20 y 20,000 UMAs. En 2025, con el valor de la UMA en 108.57 pesos, estas sanciones pueden ir de 2,171 pesos a más de 2 millones de pesos.

Además, el Código Penal del Estado contempla sanciones penales si la mordedura provoca lesiones que requieren atención médica. Las penas pueden ser de tres a seis meses de prisión por lesiones leves, y de uno a tres años si el daño es grave. En casos extremos, la autoridad puede asegurar definitivamente al animal.

El reglamento municipal de Puebla exige que todos los perros sean paseados con correa, y que los de razas clasificadas como peligrosas también usen bozal. No cumplir con estas medidas representa una falta administrativa. El COREMUN permite aplicar sanciones que van de 10 a 100 UMAs, lo que equivale a entre 1,085 y 10,857 pesos.

Las autoridades consideran varios factores para determinar la sanción, como el historial del perro, la existencia de negligencia, y la gravedad de las lesiones. La denuncia debe presentarse de forma formal ante el Instituto de Bienestar Animal o ante las autoridades municipales, acompañada de pruebas y datos del incidente.

Si tu perro muerde a alguien, lo primero es atender a la persona afectada, intercambiar información y reportar el incidente a las autoridades. También se recomienda colaborar en la reparación del daño y tomar medidas preventivas para evitar nuevas agresiones.

En Puebla, la responsabilidad por la conducta del animal recae directamente en quien lo cuida. La ley no solo protege a las personas, también establece medidas para garantizar una convivencia segura entre humanos y animales. (LV)