La revisión de la Cuenta Pública 2023 del municipio de Huejotzingo que realizó la Auditoria Superior del Estado (ASE) arrojó que existe un probable daño patrimonial de 37 millones de pesos, que corresponden al periodo de Angélica Patricia Alvarado Juárez.

En el informe individual, la ASE emitió 123 observaciones: únicamente 8 fueron solventadas, mientras que 114 derivaron en pliegos de observaciones y una en promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria.

Los pliegos de observaciones suman en total 37 millones 182 mil 519 pesos, que la ASE presume como un probable daño o perjuicio, a la hacienda pública municipal o al patrimonio del municipio de Huejotzingo.

Angélica Alvarado fue presidenta municipal en los periodos 2018–2021 y 2021–2024 por el Partido del Trabajo (PT) y actualmente, es diputada local por el Distrito 8, con cabecera en Huejotzingo.

Algunos de los importes más altos son el presunto daño de 2 millones 691 mil 970 pesos en equipos de oficina, así como 2 millones 076 mil 788 pesos en materiales, útiles de impresión y reproducción.

Observaciones no solventadas por tipo de gasto

Entre los pliegos de observaciones destacan gastos que no fueron justificados en tiempo y forma, como exige la Ley de Rendición de Cuentas del Estado de Puebla.

Las principales observaciones incluyen:

• Materiales y equipo de oficina: 4 observaciones.
• Material de limpieza: 3 observaciones.
• Productos alimenticios para personas: 1 observación.
• Productos alimenticios, agropecuarios y forestales: 6 observaciones.
• Material eléctrico y electrónico: 5 observaciones.
• Materiales de construcción y reparación: 3 observaciones.
• Fertilizantes y agroquímicos: 2 observaciones.
• Medicinas y productos farmacéuticos: 4 observaciones.
• Prendas de seguridad y protección personal: 3 observaciones.
• Herramientas y accesorios: 1 observación.
• Arrendamiento de maquinaria y equipo: 2 observaciones.

Omisión de licitación pública

También se detectaron irregularidades en procedimientos de contratación; en 3 observaciones, la ASE señaló que el dictamen para evitar la licitación pública no cumplió con lo requerido por la Ley de Adquisiciones del Estado de Puebla, al omitir justificaciones y violar principios de transparencia y eficacia.

Otras observaciones que se incluyeron fueron:

• Servicios profesionales y técnicos integrales: 8 observaciones.
• Conservación y mantenimiento menor de inmuebles: 6 observaciones.
• Reparación y mantenimiento de transporte: 12 observaciones.
• Autorizaciones de gasto incompletas: 14 observaciones, con documentos clave faltantes.
• Servicios de traslado y viáticos: 3 observaciones sin solventar.
• Gastos de ceremonial: 7 observaciones.
• Gastos sociales y culturales: 2 observaciones.
• Gastos de representación: 12 observaciones.
• Otros servicios generales: 9 observaciones.
• Mobiliario y equipo educacional/recreativo: 1 observación.
• Vehículos y equipo terrestre: 1 observación.
• Otros muebles y equipos administrativos: 1 observación.

Promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria

Finalmente, se emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria por el incumplimiento de seguimiento y vigilancia de los oficios SSP/SUBCP/SA/CONV/2748/2024 y SSP/SUBCP/SA/CONV/2882/2024, relacionados con la Subsecretaría de Centros Penitenciarios del Estado.

La ASE solicitó al Órgano Interno de Control (o su equivalente) investigar posibles actos u omisiones de servidores públicos en estos hechos.

Presuntos desvíos de recursos públicos

El presidente municipal de Huejotzingo, Roberto Solís Valles, anunció que su administración interpondrá denuncias penales por presuntos desvíos de recursos públicos cometidos durante el gobierno anterior, encabezado por Angélica y su suplente Jenny Zeynos Texcucano.

Solís Valles señaló que las denuncias incluirán irregularidades administrativas y daño patrimonial al municipio.

Uno de los casos más relevantes es el relacionado con el otorgamiento de uso de suelo en una zona de siete hectáreas del Mercado de las Flores, donde, según el edil, los regidores de la administración pasada autorizaron el permiso sin contar con la evaluación de impacto ambiental correspondiente, la cual debía ser emitida por el gobierno estatal. (CR)