El relleno sanitario del municipio de Chalchicomula de Sesma, conocido como Ciudad Serdán, fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tras detectarse diversas irregularidades.

Desde 2022, este vertedero recibía residuos sólidos urbanos de municipios como Tehuacán, Oriental y Zapotitlán. Sin embargo, el Ayuntamiento mantuvo bajo reserva los contratos celebrados entre 2018 y 2023 con estas demarcaciones, argumentando que están sujetos a una investigación por presunta responsabilidad administrativa.

La suspensión ocurre en medio de señalamientos por el mal manejo de residuos y conflictos legales relacionados con el sitio, así como la detención del presidente municipal Uruviel González Vieyra, acusado de posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y abuso de poder.

Actualmente, González Vieyra se encuentra recluido en el penal de Tepexi de Rodríguez, junto con su hermano Giovanni González Vieyra, señalado por encubrimiento.

En enero de 2022, Raúl Becerril Merino, propietario de la empresa Merbec Green S.A. de C.V., interpuso una denuncia por abuso de autoridad contra el edil. Lo acusó de arrebatarle la concesión del relleno sanitario y quedarse con maquinaria valuada en más de 10 millones de pesos.

El equipo reclamado incluye cinco camiones, dos retroexcavadoras, dos camionetas, una computadora, lámparas, mangueras y otros instrumentos necesarios para el manejo de residuos.

Becerril afirmó que desde octubre de 2021 intentó comunicarse con diversos funcionarios del entonces gobierno de Luis Miguel Barbosa, e incluso asistió a un martes ciudadano para exponer el caso.

Un mes después del presunto despojo, el funcionario Miguel Mendoza Cruz, entonces en la Secretaría de Gobernación y hoy titular de la Procuraduría Agraria, lo citó con el objetivo de amedrentarlo, según el empresario.

Ante la negativa de devolverle la maquinaria, Becerril solicitó el pago de una renta mensual de 637 mil pesos, monto que no le fue cubierto.

Al no recibir apoyo del gobierno estatal, en enero de 2022 presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la cual permaneció inactiva durante tres años.

Incluso en agosto de 2023, la Fiscalía insinuó que el empresario buscaba un beneficio indebido. No fue sino hasta la detención de los hermanos González Vieyra, el pasado 7 de marzo, que el proceso fue reactivado.

El 10 de marzo, la Fiscalía General del Estado (FGE), ahora bajo la titularidad de Idamis Pastor, notificó a Merbec Green que ya existían elementos suficientes para judicializar el caso.

Tras tres años de litigio, el empresario declaró a e-consulta que su maquinaria presenta daños irreparables debido al uso que se le dio sin autorización.

El monto reclamado asciende a 12.7 millones de pesos, considerando la renta acumulada y el deterioro de los equipos desde octubre de 2021. (RC)