Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, informó en conferencia de prensa que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) emitió una orden aprehensión en contra de Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán; por lo que el estado legal del exmandatario es el de prófugo de la justicia, a nivel internacional.

Aureoles es acusado por los delitos de fraude, corrupción y enriquecimiento ilícito durante su administración, siendo gobernador de Michoacán (2015- 2021).

El exgobernador participó en una red de corrupción, con la que desfalcó alrededor de tres mil 412 millones 164 mil 310 pesos al estado. Esto se vio reflejado en la adjudicación de contratos en favor de la empresa Inmobiliaria DyF S.A. de C.V.

Estas declaraciones se dieron luego que el hermano de Aureoles, Antonio García Conejo, lo defendiera, diciendo que su persecución se trataba de una política y no de una fuga.

Aureoles no es el único perseguido por la justicia

Aparte del perredista, hay otros personajes a los que se les busca por colaborar con éste: los exsecretarios de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes y Juan Bernardo Corona y el exdirector del Comité de Adquisiciones, Guillermo Loaiza Gómez.

También se detuvo a Carlos ´N´, exsecretario de finanzas, Antonio ´N´, exsecretario de Seguridad Pública, Elizabeth ´N´ y Mario ´N´, exdelegados administrativos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Carlos ´N´ ya había solicitado un amparo, pero Ramírez Bedolla desestimó la relevancia de la petición:

"El amparo no le otorga la libertad de ninguna manera, sólo solicita a las autoridades carcelarias que le permitan tener comunicación, es decir, un 'amparo patito' que no sirve para nada", aseguró el mandatario.

Durante el mandato de Aureoles, estos servidores públicos de la SSP y la Secretaría de Finanzas compraron a sobreprecio siete propiedades que serían cuarteles policiacos en Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Uruapan, Huetamo, Coalcomán, Jiquilpan y Zitácuaro.

La Inmobiliaria DyF no pudo comprobar la propiedad de los terrenos en los que iban a estar los cuarteles. Además, se hicieron convenios de mantenimiento sin que hubiera evidencia de los servicios.

El gobernador de Michoacán comunicó que la próxima audiencia de los detenidos, en la que se seguirán presentando las pruebas, está programada para el próximo 7 de junio. Hasta entonces los detenidos permanecerán en prisión. (MCJ)