La nueva ley para regular el ejercicio periodístico en Puebla que se presentó en el Congreso estatal se realizó sin diálogo con el gremio, organizaciones de la sociedad civil ni la academia, además no tomó en cuenta las agresiones que sufren los periodistas en la entidad.

La Universidad Iberoamericana Puebla (Ibero Puebla) sí avaló que se busque la entidad cuente con un marco jurídico para tutelar derechos como el secreto profesional de los periodistas, la cláusula de conciencia y el libre y preferente acceso a actos públicos.

Pero en contraste señaló en comunicado expedido este día que la iniciativa que presentó el pasado 13 de febrero el legislador de Morena, Andrés Villegas Mendoza, no fue a través de un debate libre, amplio y público.

"Es de llamar la atención que no se trate de un proyecto colaborativo, producto de un debate libre, amplio y público con el gremio afectado, organizaciones de la sociedad civil especializadas y la academia", escribió la universidad.

Criticaron que en la justificación de la iniciativa no se tome en cuenta el contexto del periodismo en la entidad, ya que Puebla se ubicó en el tercer lugar nacional con mayores índices de violencia contra periodistas y medios de comunicación, con 241 agresiones de 2018 a 2024.

Las principales agresiones que se detectaron en el estudio "Derechos pendientes. Informe sexenal sobre libertad de expresión y derecho a la información en México” que elaboró Artículo 19 fueron intimidación, hostigamiento, bloqueo o alteración de contenido, el uso ilegítimo del poder público, amenaza y ataque físico.

Por ello desde el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, el Observatorio con los Ojos Abiertos por el Derecho a la Verdad y el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática, entregaron un análisis de la iniciativa al Congreso del Estado en la que incluyeron 14 observaciones con sus recomendaciones y tres observaciones generales.

También hicieron un llamado a que exista un debate amplio con todos los sectores involucrados para construir de manera conjunta y ampliar las garantías de protección al quehacer periodístico. (JRLM)