La democracia moderna nació con la tarea de generar un espacio donde se reconozca la riqueza de la diversidad y desde ahí se construya el futuro, privilegiando lo común y evitando la imposición de una visión única, característica de los sistemas tiránicos. La historia de la civilización ha sido una lucha por conquistar la libertad de creer, de expresarse, de asociarse y de desarrollarse en plenitud, con la única limitante de entender que la libertad y la igualdad son valores comunitarios que, o vivimos todos, o no existen para nadie.

La democracia implica evitar la acumulación de poder en las manos de una sola persona o grupo. Por ello rechaza toda idea de homogeneidad optando, en cambio, por el reconocimiento de diferencias legítimas. La democracia separa lo que el absolutismo quiere ver junto: separa el poder en tres —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— así como en tres niveles —municipal, estatal y federal. Separamos a fin de exigir consensos antes que decisiones unilaterales, negociación antes que imposición, justicia antes que caprichos.

La lucha por la democracia en México no puede identificarse con un solo grupo. Nació de una sociedad que superó sus diferencias en una gesta que culminó con el fin de la hegemonía de un partido, consiguiendo la transición pacífica y la construcción de un entramado institucional que, no obstante sus evidentes áreas de mejora, avanzó en la promoción de bienes comunes a través de leyes emergidas del debate y confrontación de ideas. Contra el silenciamiento del disenso que caracterizó buena parte de la política mexicana del siglo XX, los albores de la democracia prometieron un México diferente: un México donde el color de piel o la clase social no conlleven discriminación; un México más justo, más solidario y más incluyente; un México para todos.

A nadie debe pasar desapercibido que esta promesa quedó corta en más de una ocasión. Nuestro país sigue padeciendo niveles preocupantes de desigualdad social, económica y política; el estancamiento de las oportunidades se refleja en niveles raquíticos de movilidad social; la corrupción sigue presente en múltiples espacios de la actividad pública; y lo más crítico en nuestros días: la violencia e inseguridad han llegado a niveles sin precedentes.

Todo ello es cierto y, sin embargo, no impide observar que, en la construcción de instituciones democráticas, México ha registrado importantes avances, muchos de ellos reconocidos a nivel internacional. Es el caso de los organismos autónomos constitucionales que han fungido, desde su origen, como garantes de derechos fundamentales de la ciudadanía, y se han convertido, indiscutiblemente, en piezas clave para el andamiaje de la democracia mexicana. Siempre perfectibles, su existencia ha significado un permanente contrapeso a desviaciones e incluso excesos del poder.

El Poder Judicial Federal, por su parte, se ha consolidado como el espacio donde se asegura la vigencia efectiva de la Constitución. Dicho poder exige profundo profesionalismo y sofisticado conocimiento de la ley, y demanda asimismo independencia de los jueces respecto de las coyunturas políticas. Es en este poder donde se garantizan los derechos fundamentales de los ciudadanos; de las mujeres, los niños y ancianos, de minorías y grupos vulnerables; esto es, de todos quienes formamos la familia mexicana.

Derivado de lo anterior, UPAEP manifiesta su honda preocupación respecto de la intención, manifestada por el partido gobernante, tanto desde las Cámaras Legislativas como desde el Poder Ejecutivo, saliente y entrante, de eliminar el carácter autónomo constitucional de siete organismos: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); la Comisión Reguladora de Energía (CRE); el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL); la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU); así como de aprobar la reforma al Poder Judicial Federal, misma que implicaría la pérdida de la debida autonomía de este poder central en la vida de nuestra democracia, al someterlo a una mal entendida popularización del mismo. De concretarse, semejante decisión significará un craso retroceso en los procesos de democratización que muchos hombres y mujeres, dentro y fuera del partido en el gobierno, lucharon por legar a las generaciones futuras.

La existencia de contrapesos es siempre condición de posibilidad para todo buen gobierno. Sin ellos, el poder corre el peligro de pervertirse. La Independencia, la Reforma y la Revolución han sido, en el fondo, el rompimiento de yugos que pesaban sobre el pueblo. ¿No es paradójico que nos dirijamos ahora hacia una hiperconcentración del poder, como no la habíamos visto antes?

Es por ello que nos sumamos a las voces que exigen a los tres Poderes de la Unión que trabajen junto con la sociedad en un diálogo incluyente, respetuoso y urgente, para construir el proyecto de nación más apropiado para transformar a México. Un país donde cada uno pueda perseguir la felicidad en libertad, apoyado por instituciones sólidas y sustentado en leyes más justas y congruentes con nuestros valores democráticos.

Hoy más que nunca necesitamos de todas las voces para reconstruir México. (MCJ)