El día en que Cynthia González desapareció, dejó un mensaje a su madre “mamá ya voy a la fiscalía a presentar la denuncia”, eran cerca de las 8:45 horas del 12 de junio de 2024; eso fue lo último que su familia supo de ella. La denuncia que presentaría sería por hostigamiento en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en Poza Rica, al norte de Veracruz.

“Mi hija solo quería cumplir sus sueños, no que la desaparecieran”, narró Inocencia González, madre de la joven de 26 años, quien desde 2020 se mudó desde Villa de Acambay, Estado de México, hasta Poza Rica, a 339 kilómetros de distancia, para estudiar la carrera de ingeniería petrolera en la Universidad Veracruzana (UV), donde cursa el séptimo semestre.

El 12 de junio la joven iría ante las autoridades a presentar una denuncia porque la patrulla identificada con el número SP-3994 de la Policía Estatal no dejaba de hostigarla en los lugares que la joven visitaba, como la universidad, el supermercado, e incluso la veía afuera del departamento que rentaba en la colonia Revolución de Poza Rica. Esa misma patrulla fue la que le detuvo el 30 de enero de este mismo año.

La búsqueda de Cynthia, de acuerdo con su familia, tiene una serie de inconsistencias, dilaciones en la aplicación de protocolos y mentiras por parte de las autoridades veracruzanas, quienes la criminalizaron aun cuando los delitos por los que se le acusa se encuentran en investigaciones y no respetaron su derecho constitucional a la presunción de su inocencia.

Su caso lo tomaron en cuenta hasta que medios de comunicación retomaron la información: policías de la Secretaría de seguridad Pública (SSP), a cargo de Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, la seguían.

Hasta entonces, el pasado 1 de agosto, la dependencia de seguridad emitió dos comunicados: en el primero afirmaron que la joven estaba detenida, pero fue borrado; minutos más tarde enviaron una segunda versión en que dijeron fue detenida el 31 de enero por delitos contra la salud y contra las instituciones de seguridad pública y que por ello le otorgaron medida cautelar de libertad de firma periódica.

“Yo quiero que aclaren eso, que nos digan donde está nuestra hija y que dejen de criminalizarla, sí, estaba bajo un proceso, un proceso que desde su detención fue irregular, nunca nos dejaron defenderla, defender su inocencia”, señaló su madre, Inocencia González.

Al gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, lo cuestionaron el 5 de agosto sobre el tema y deslindó a los policías estatales, señaló que a la joven la detuvieron el 31 de enero y que se encontraba bajo un proceso judicial.

El político morenista dijo que sería la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Estatal de Búsqueda quienes brindarían la información y avances sobre el caso.

“Yo le quiero decir al gobernador, que el caso de mi hija no es un caso más, como así lo quiso hacer ver, mi hija desapareció, era víctima de hostigamiento policial y era una estudiante, no era delincuente”, añadió Inocencia.

El suplicio de Cynthia

La incertidumbre para la familia González comenzó el martes 30 de enero, cuando Cynthia tomó un taxi del Campus de la UV a su domicilio, puntos separados por dos kilómetros.

De acuerdo con su familia, a escasos metros de tomar el transporte junto a un compañero, la patrulla SP-3994 los interceptó y, sin ninguna orden, los detuvo, incluido al conductor.

A la joven y los otros dos detenidos los subieron a la batea de la patrulla cerca de las 22:00 horas de ese día, pero los presentaron ante las autoridades hasta las 5:00 horas del día siguiente. Durante siete horas —la joven narró a su familia—los elementos policiales la golpearon y torturaron, entre los agresores estaba una mujer policía, que aseguró la joven participó en el interrogatorio.

“Mi hija me avisó, me dijo que iba a tomar un taxi como eso de las 10:00 de la noche a su casa y que ya no traía mucha pila, por eso no se me hizo extraño, que ya no se comunicara”, contó la madre de la joven.

Fue hasta la tarde del 31 de enero que una mujer le llamó para informarle que su hija estaba detenida junto a su compañero de la universidad y que debía viajar a Poza Rica para que fuera liberada.

Inocencia se trasladó a Poza Rica. Llegó la madrugada del 1 de febrero para pedir informes sobre el estado de Cynthia, pero no le dieron respuesta. Durante el día, un abogado de oficio le explicó que su hija estaba siendo señalada por posesión de drogas y agredir a elementos de Seguridad Pública. Sería hasta el viernes 2 de febrero cuando un juez determinaría su situación jurídica.

“Ya es ahí cuando logró verla, mi hija estaba mal físicamente, estaba blanca, la habían golpeado, o más bien torturado, dice que le pedían que diera nombres, como si mi hija fuera una delincuente, esto mientras la llevaban en la patrulla, más bien fue una privación durante 7 horas donde no los presentaron y sólo los paseaban arriba de la patrulla para golpearlos”, añadió Inocencia.

El viernes se llevó a cabo la audiencia en donde un juez la vinculó a proceso por ambos delitos. La madre de Cynthia especificó que el juez no permitió una defensa adecuada en su caso, ya que adelantaron 24 horas la audiencia con el argumento de que “el sábado descansan”.

Cynthia fue remitida al Centro Penitenciario de Papantla y durante 40 días su familia no pudo tener contacto con ella, debido a que le indicaron que estaría aislada.

Durante ese tiempo su madre intentó comunicarse y sólo los últimos días de la cuarentena pudo hablar por teléfono por menos de cinco minutos con ella. Fue hasta el 15 de marzo que el juez determinó otorgarle como medida cautelar la firma periódica, el último viernes cada mes, durante seis meses, mientras continuaba el proceso.

Las pertenencias de Cynthia como computadora y su tableta electrónica nunca fueron entregadas a la familia, mientras que la tarjeta de débito que ella portaba en su cartera fue vaciada. Las autoridades nunca les dieron respuesta sobre su paradero. “Mi hija moría de miedo”.

La primera firma a la que tuvo que acudir Cynthia fue el 12 de abril, posteriormente acudía los últimos viernes de cada mes, pero de acuerdo con lo narrado con por su familia, el hostigamiento policía continuaba.

La misma patrulla en la que contó que fue detenida, golpeada, torturada e interrogada el 30 de enero, la seguía a todos los lugares a los que se dirigía.

“Después de eso mi hija me decía que la seguían, que era la misma patrulla, la misma mujer policía que la había señalado porque supuestamente mi hija la agredió y por la que la responsabilizaban del delito de agresión a las instituciones de seguridad pública. Mi hija tenía mucho miedo”, narra la madre.

Tras su detención, Cynthia ya no era la misma, había caído en un estado de estrés, depresión y ansiedad, incluso le había dicho a su familia quería dejar la universidad y regresar con ellos al Estado de México. Su idea, previo a su desaparición, era concluir los últimos exámenes del semestre, presentar la denuncia en contra de los elementos y viajar a casa. Con ello, el sueño de Cynthia de convertirse en ingeniera petrolera habría terminado, a pesar de que desde que era niña lo había deseado.

“Ella soñaba con estudiar esto, tenemos una anécdota familiar en la que le recordábamos que cuando era pequeña le gustaba recolectar piedritas, veía piedritas diferentes y las guardaba, decía que ella quería explorar la tierra y así fue. Antes de la UV ella estudiaba otra cosa, pero es tanto su sueño que hizo el examen a distancia, no importó la pandemia y quedó, cuando le dieron los resultados brincaba y lloraba de felicidad. Una, como madre, solo me tocó apoyar sus sueños para que se fuera y para que estudiara, aunque saliera de la casa donde nosotros podíamos cuidarla más”.

Entre las irregularidades y la dilación

El mensaje de las 8:45 de la mañana del 12 de junio fue lo último que supieron de Cynthia, a las 9:30 la madre intentó volver a comunicarse, pero ya no hubo respuesta: las llamadas se iban directo a buzón y los mensajes de WhatsApp solo marcaban una palomita.

Del 12 al 15 de junio su familia intentó comunicarse con las autoridades, compañeros de la universidad, vecinos, casera, amigos y autoridades de la UV, pero no hubo respuesta positiva que les informara sobre su paradero. “Yo mantenía la esperanza que su teléfono se hubiera descompuesto o algo así”, añade su madre.

El domingo 16 de junio, Inocencia González viajó de nuevo Poza Rica y lo primero que hizo fue acudir ante la fiscalía donde su hija iría a presentar la denuncia contra los policías, ahí le informaron que su hija nunca llegó. Fue así como la dirigieron a la Fiscalía Especializada en Denuncias por Personas Desaparecidas, pero no fue atendida.

Más tarde acudió ante la Comisión Estatal de Búsqueda donde solo le tomaron datos generales de su hija y hasta el 18 de junio fueron remitidos ante la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UESC ) en Tuxpan, donde les pidieron que rindieran una declaración de los hechos, pero no les entregaron ningún número de carpeta o expediente, solo les pidieron esperar.

Debido al agotamiento de recursos económicos sus padres regresaron al Estado de México, donde radican, y diariamente intentaban comunicarse con las autoridades veracruzanas para solicitar avances en las investigaciones, pero nunca hubo respuestas.

El 17 de julio, Inocencia González regresó a Poza Rica y acudió de nueva cuenta a todas las instancias, en ninguna de ellas había noticias sobres su hija, incluso le indicaron que no había registro de sus denuncias, es decir, durante un mes no hubo avances porque nunca se abrió alguna investigación para buscarla.

“Había pasado más de un mes y no la habían buscado”, explicó Inocencia al añadir que tras la omisión de las autoridades Veracruz hizo público su caso a los medios de comunicación y fue así como el 18 de julio la Comisión Estatal de Búsqueda emitió una ficha con las señas y particularidades de Cynthia.

Entonces, la Universidad Veracruzana también envió un comunicado en el que brevemente exigió a las autoridades estatales esclarecer el caso y dar con el paradero de la joven estudiante de la carrera de ingeniería petrolera.

Poza Rica es uno de los municipios por los que se declaró la primera Alerta de Violencia de Genero por Feminicidios, entre las acciones que el estado debe realizar para combatir este delito es la activación del Protocolo Alba, dicho instrumento indica que las autoridades están obligadas a emitir un boletín con la fotografía de las mujeres y niñas que son reportadas como desaparecidas, esto desde el primer momento en que se reporta su desaparición, sin embargo, en el caso de Cynthia no se aplicó.

“Se tardaron mes en emitir la ficha de búsqueda, nosotros ese mes pensamos que la buscaban, pero ni fue así, ni de nuestra denuncia tenían registro”, detalló la madre

Trae SSP historial de abusos a cuestas

En Veracruz, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública se han visto involucrados en constantes casos de abusos, muchos de ellos cuentan con recomendaciones por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y algunas de ellas han sido rechazadas.

De acuerdo con datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) del 2018 al 2023 ha la SSP ha recibido 21 recomendaciones por el uso desmedido de la fuerza y la violación a derechos humanos comete.

En diciembre del 2023 durante su comparecencia, la presidenta de la CEDH, Namiko Matzumoto Benítez, señaló que la Secretaría de Seguridad Pública se niega a brindar información que es requerida por su organismo, sin embargo, dichos señalamientos fueron negados por el titular de la SSP Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, quien presumió los exámenes de control y confianza que se han aplicado.

De acuerdo a un recuento de las recomendaciones de 2019 a 2023 la SSP rechazó 17 recomendaciones emitidas por las CEDH, siete son de la administración de Cuitláhuac García Jiménez (2018-2023) y 10 de administraciones anteriores. La versión de rechazadas del 2024 aún no está disponible en el portal.

En junio de 2024 el abuso policial por elementos de la Fuerza Civil en contra de pobladores de Totalco obligó a que esta institución fuera disuelta. Al respecto, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, indicó que 50 elementos de la SSP han sido sancionados con penas administrativas y serían nuevamente sometidos a exámenes de control y confianza, entre otros cambios de protocolos que no precisó. (JRLM)