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En Huitzilan vecinos señalan que autoridades protegen a supuesto infanticida

  • Anaid Piñas
Pobladores exigieron a la FGE reponer las investigaciones por la muerte del menor Cristian Manuel Gobierno Silverio; la última persona que lo vio con vida fue su instructor de gimnasio
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Habitantes del municipio de Huitzilan de Serdán exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) reponer la investigación con la que las autoridades municipales justificaron la muerte del menor Cristian Manuel Gobierno Silverio.  

En un comunicado, los pobladores acusaron que, a más de un mes del hecho, los responsables de esclarecer el caso han sido omisos e incluso señalaron están coludidos con el presunto responsable de infanticidio.

“Expresamos nuestra indignación por la ilegal intervención de la autoridad municipal, de la Seguridad Pública Municipal y de personas ajenas, incurriendo en presuntos delitos al intentar encubrir un posible asesinato”, indicó el documento.

Por lo anterior, solicitaron a la Fiscalía General reabrir el caso y ordenar que se reponga la investigación, desde el momento en el que se reportó la muerte del infante. También exigieron abrir una carpeta de investigación contra las personas que realizaron las primeras pesquisas.  

De acuerdo con los habitantes de la demarcación, el cuerpo de Cristian Manuel, que tenía 15 años al momento de su muerte, presentó signos de tortura y violación sexual; sin embargo, la Policía Municipal y personal del Ayuntamiento señalaron que el menor murió tras ahogarse.

Por ello afirmaron que las autoridades municipales protegieron a su instructor de gimnasio, a quien señalan como presunto responsable del hecho, ya que aseguran fue la última persona que lo vio con vida.

EN el texto también se aseveró existieron varias irregularidades respecto al caso, puesto que se realizó el levantamiento del cadáver sin dar aviso al Ministerio Público de Tetela de Ocampo y presuntamente se emitió documentación apócrifa.

“El Ministerio Público de la cabecera judicial no se presentó para ejercer la función correspondiente ante el presunto asesinato. Emiten documentos con información falsa respecto al lugar de los hechos y la causa de la muerte del menor”, se lee en el comunicado. (JRLM)

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