La titular del Cuarto Tribunal de Distrito de Amparo en Materia Penal, María del Carmen Sánchez Cisneros, emitió una orden dirigida a la Fiscalía General de la República (FGR) y a Interpol México para que realicen los trámites necesarios para la cancelación de la ficha roja vigente contra el empresario Carlos Ahumada Kurtz.

La decisión de la jueza federal tiene como objetivo evitar su detención en otros países, además la orden judicial también impide temporalmente que las autoridades mexicanas detengan a Ahumada Kurtz al ingresar al territorio nacional, pese a que exista otra investigación u orden de aprehensión en su contra.

Sin embargo, la jueza condiciono esta suspensión provisional a que el empresario se presente ante las autoridades judiciales pertinentes y notifique al juzgado de amparo sobre su comparecencia. De lo contrario, la suspensión perderá efecto y Ahumada podría ser detenido por cualquier autoridad que lo requiera.

En un comunicado oficial, la jueza destacó que esta medida busca mitigar los posibles daños derivados de los actos reclamados por la parte demandante. Además, especificó que la suspensión de la ficha roja sólo tendrá validez dentro del territorio mexicano y no aplicará en caso de que Ahumada Kurtz sea sorprendido cometiendo un delito flagrante.

“Esto es, la presente concesión únicamente tendrá efectos dentro del territorio nacional; es decir, en el momento, y en caso que ocurra, que Carlos Ahumada se encuentre dentro de los límites territoriales que comprenden los Estados Unidos Mexicanos, no podrá ser detenido con motivo de los procesos penales”, señaló la jueza.

Carlos Ahumada Kurtz actualmente se encuentra detenido en Argentina por violar los términos de su libertad condicional, después de ser arrestado en Panamá debido a la ficha roja emitida por Interpol y posteriormente deportado a Paraguay.

La suspensión concedida por la jueza federal mantiene en suspenso la orden de aprehensión en su contra en el ámbito del fuero común, relacionada con un presunto delito de fraude en la Ciudad de México, relacionado con un caso de más de 31 millones de pesos en perjuicio del patrimonio del entonces Gobierno del Distrito Federal, en relación al incumplimiento de obras por parte de la empresa de Carlos Ahumada con las entonces delegaciones Gustavo A. Madero y Tláhuac, las cuales debió empezar en 2002 y concluir en 2005. (MIG)