El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito determinó que los 31 científicos y administrativos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt), anteriormente conocido como Conacyt, que fueron investigados desde 2021 por supuesta delincuencia organizada y presunto lavado de dinero, no cometieron ningún delito, desestimando por completo los cargos por dichas actividades delictivas el pasado 25 de abril de 2024.

Lo anterior recae en la carencia de evidencia suficiente para sostener las imputaciones. Además, expuso que si la Fiscalía General de la República (FGR) continua con la investigación en su contra, resultaría en violaciones graves a sus derechos humanos.

31 científicos Conahcyt acusados de lavado de dinero

En 2021 se dio a conocer que la FGR abrió una carpeta de investigación en contra 31 científicos y académicos del Conahcyt, a los que se les acusó por el presunto desvío de recursos, monto elevado a 244 millones de pesos “destinados exclusivamente a aquellos proyectos de apoyo de investigación científica y tecnológica” del año 2013 al 2018.

Los gastos cuestionados incluyen, entre otros, pagos en una residencia, viajes nacionales e internacionales, sueldos, impuestos, cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como aportaciones para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Además, se agregaron cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero, ya que existió una supuesta malversación permanente de fondos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C., con el objetivo de beneficiar a sus miembros de manera indebida.

Sin embargo, un juez negó las órdenes de aprehensión al considerar que los hechos señalados por la fiscalía no son materia del ejercicio de la acción penal y no eran constitutivos de delitos.

Por lo que se interpuso un recurso de apelación el 20 de abril de 2023 y el asunto llegó al Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, órgano que lo admitió a trámite y lo turnó para su resolución a la ponencia de la magistrada Amalia del Carmen Fernández Barquín, posteriormente en sentencia, la magistrada resolvió que, al ser cosa juzgada, el caso debe quedar completamente cerrado. (CL)