Como parte del proyecto Votar Entre Balas se publicó el informe “Democracia vulnerada: El crimen organizado en las elecciones y la administración pública en México”, que indica que se registró una disminución de 1.3% en promedio en la asistencia de la ciudadanía a votar entre las elecciones de 2018 y 2021 por cada agresión a una persona candidata y por cada persona que desempeñaba un puesto en la función pública la caída fue de 3 puntos porcentuales.

En alianza, las organizaciones sociales Data Cívica, México Evalúa y el medio informativo Animal Político relanzaron este martes el sitio votar-entre-balas.datacivica.org con contenidos para ahondar en la comprensión del fenómeno de la violencia político-criminal en México.

La coordinadora del proyecto, Itzel Soto, indicó que el portal incluye un mapa interactivo con datos a nivel municipal, gráficas, estudios estadísticos y reportajes que ponen rostro a las cifras de agresiones contra las y los candidatos.

Además, Sandra Ley, coordinadora del programa de seguridad de México Evalúa, explicó que por cada persona candidata o militante de partido atacada hay un aumento de casi 1% de sustitución de las personas seleccionadas y capacitadas para ser funcionarias de casilla, por ello la violencia provoca que sean sustituidas por las primeras que se forman en la fila para ejercer su voto.

Como ejemplo mencionaron que, en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, donde la participación electoral bajó de 54% a 21% después de que durante el periodo electoral de 2018 hubo un ataque contra un regidor, pero en el de 2021 sumaron tres contra la presidenta municipal y dos exfuncionarios de seguridad. Además, la sustitución de funcionarios de casilla fue de 8.6% en 2021, por arriba del promedio nacional, de 3.9%.

“Conforme se desvanece la participación ciudadana en las elecciones, entonces el crimen organizado tiene aún más posibilidades de afianzar sus lazos con el aparato estatal y con el gobierno”, enfatizó Ley.

Indicaron también que por cada ataque a funcionarios públicos al año siguiente aumenta cinco puntos la tasa de homicidios en el municipio. Como ejemplo, en Atoyac, Veracruz, el presidente municipal suplente fue secuestrado y asesinado a principios de 2019, después de lo cual se disparó casi cinco veces la tasa de homicidios.

De nivel municipal, 77% de las víctimas

A nivel municipal es donde más se presenta la violencia político-criminal, registrando que el 77% de víctimas que aspiraban o tenían un cargo de ese orden de gobierno.

“El interés de las organizaciones criminales está en el nivel local, ya que así es como construyen sus controles territoriales: localidad por localidad, para consecuentemente controlar municipios y regiones enteras”, señala el informe presentado.

De acuerdo al reportaje “La democracia en Guerrero está secuestrada por el narco”, presentado por Ernesto Núñez, subdirector de Animal Político, candidatas de ese estado que pidieron anonimato han tenido familiares ya asesinados y contaron que prefirieron dejar de hacer campaña por seguridad, incluso capacitadores electorales reconocen que sin permiso del crimen organizado no se puede entrar al territorio.

Ante lo cual, se propusieron acciones como fortalecer las corporaciones de seguridad municipales; que se garantice por parte de las autoridades judiciales el puntual seguimiento a la investigación y sanción de los culpables; que los partidos políticos asuman su responsabilidad y no postulen candidatos cuyas trayectorias y vínculos abonan a procesos de violencia, colusión e impunidad; y que autoridades electorales utilicen los datos disponibles para identificar tendencias y objetivos y se puedan generar planes de prevención y protección. (CR).