La candidata de Pacto Social de Integración (PSI) a presidenta municipal de Zacatlán, Eloísa Barrios Rodríguez, fue beneficiada por el exauditor superior del Estado, Francisco N, que tiene dos años preso en el penal de San Miguel por varios delitos, entre ellos lavado de dinero; el ahora preso supuestamente favoreció a la política con diversos contratos durante su gestión.

La forma de trabajar de los auditores externos era la siguiente, de acuerdo con los reportes: el auditor en turno compartía a los alcaldes de la entidad la lista de auditores externos con que trabajarían, pero en el caso de Francisco N se sabe que les pedía sólo colaborar con sus elegidos y no permitía meter a ningún otro.

En varias ocasiones, el exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta pidió a los presidentes municipales no dejarse presionar ni amenazar por los auditores externos, enfatizando en Francisco N; además, existían diversas quejas de los presidentes en contra del personal elegido por el ahora preso.

En total, los auditores externos con los que Francisco N tenía su “red de moches” eran 73: 33 personas físicas y 40 despachos.

“Se deja sin efecto el procedimiento de autorización como auditores externos para el Ejercicio Fiscal 2022, a partir de la convocatoria pública hasta la emisión de las Constancias Anuales de Auditores Externos”, fue el decreto que se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 3 de junio, en el que fue actualizada la lista de auditores vinculados a Francisco N, entre ellos Eloísa Barrios (auditora externa durante la administración del panista Marcos Flores), quien después concursó en la convocatoria lanzada por Amanda Gómez Nava, extitular de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Una de las primeras acciones que hizo Amanda Gómez cuando llegó a la ASE fue deshacer dicha lista y lanzar una nueva convocatoria para que participaran despachos y personas físicas sin ningún tipo de favoritismo.

En el listado de auditores aprobados por Francisco N destacaba el nombre de Eloísa Barrios, quien obtuvo varios contratos durante la gestión del exauditor; los despachos se encargaban de dictaminar estados financieros, programáticos, contables y presupuestarios de las entidades fiscalizadas de Puebla.

La detención del exauditor

En febrero de 2022, Francisco N fue detenido en la zona residencial de La Vista, cuando intentó entrar a la casa de su pareja sentimental, que días antes lo denunció por violencia familiar; la Fiscalía General del Estado (FGE) lo vinculó a proceso penal y contaba con medidas cautelares para no acercarse a ella y su hijo, pero aun así quiso entrar a la fuerza a la residencia.

Pero sobre el exauditor Superior del Estado también pesan investigaciones por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Francisco N hizo una “red de moches” con los auditores externos; cuando llegó a la ASE hizo una limpia de despachos y metió a otros con los que supuestamente había hecho acuerdos: el plan era hacer negocios.

Los contratos de Eloísa Barrios Rodríguez

Eloísa Barrios reconoció en una entrevista con medios de comunicación locales que ha sido auditora externa en diversos municipios, entre ellos Chignahuapan, durante la gestión de Javier Tirado, quien tiene supuestos vínculos con grupos de delincuencia organizada y huachicol.

También tiene varios contratos con el Tecnológico de Huauchinango: Por ejemplo, el 21 de julio de 2020 firmó el contrato ITSH/ADJD/VII/255/2020 para la prestación de servicio de auditor externo de julio de ese año a diciembre del mismo, por 24 mil 367 pesos.

En 2021 tuvo tres contratos iguales en Huauchinango: uno por 250 mil pesos, del expediente MHP-CTR2021-18 con el Ayuntamiento. En 2021, un contrato con el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP), por cuatro millones 920 mil pesos, asentado en el expediente SOAPAP- GAF- IADQ- 2021- 005.

En 2022 tuvo otro contrato con el municipio de Huauchinango, por la cantidad de 333 mil 333 pesos, con el expediente CMHP- IA3- 015C/2022; también fue para un servicio de fiscalización de ingresos y egresos.

La Universidad Interserrana del Estado de Puebla en su sede en Ahuacatlán también le dio un contrato por servicios de contabilidad y auditoría, alquiler de oficinas y locales comerciales.

Además, sin ser experta en el ramo ni tener una actividad profesional o económica en el tema, el Instituto Tecnológico de Huauchinango le contrató un curso en “Comunicación efectiva para el desarrollo laboral”, por el que cobró la cantidad de 76 mil 713 pesos; el número de este contrato fue ITSH/CPINV3/E/XII/SERV/228/2022.

Una vez que Amanda Gómez echó abajo la lista de auditores vinculados con Francisco N, Eloísa Barrios participó en la nueva convocatoria, sin tener los beneficios que le dio el anterior auditor. (MCJ)