Durante 2023, Puebla destacó a nivel nacional por el hallazgo de cuerpos con signos de tortura o extrema violencia, linchamientos y actos violentos entre grupos delictivos o contra la autoridad, según el informe Galería del Horror, de la organización civil Causa en Común.

El estudio dado a conocer este 24 de enero indica que en territorio poblano, de enero a diciembre de 2023, se registraron 297 atrocidades; con ello Puebla se ubica como el séptimo estado con más hechos de este tipo.

En el desglose del análisis, Causa en Común indica que en la entidad hubo:

• 15 masacres
• 3 cuerpos o restos humanos enterrados o semienterrados considerados como fosas clandestinas
• 25 hechos de mutilaciones, descuartizados y destrucción de cadáveres
• 13 calcinamientos
• 73 casos de tortura
• 13 asesinatos de niños y adolescentes
• 39 asesinatos de mujeres con crueldad extrema

Además, la organización señala que el estado registró:

• Un asesinato de periodista
• 5 homicidios de personas de grupos vulnerables
• Un asesinato de algún actor político
• 7 asesinatos de funcionarios y actores de relevancia en materia de seguridad
• 2 casos de linchamiento

Asimismo, el reporte indica que hubo 36 actos de violación agravada, 7 casos de trata de personas, 27 intentos de linchamiento, un acto de violencia contra migrantes, 28 actos violentos contra la autoridad y una jornada de violencia.

Puebla, dentro del top 10 de atrocidades en el país

Causa en Común ubicó a Puebla como la séptima entidad con más casos de esta índole, lista encabezada por Baja California con 514 delitos atroces y donde también aparecen Guanajuato con 510; Chihuahua, 490; Guerrero, 445; Morelos, 355; Jalisco, 343; Veracruz, 260; Michoacán, 252; y Zacatecas, 251.

La agrupación refirió que durante 2023 se registraron al menos 6 mil 378 atrocidades, entre las que destacan mil 789 casos de tortura; 645 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres; y al menos 447 masacres.

Por lo anterior, Causa en Común propone que cada ciudadano tiene la responsabilidad de exigir a los gobiernos locales y al federal la resolución de casos que han agraviado a la comunidad, con investigaciones sólidas. (MCJ)