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Trata de personas Puebla: mayoría de víctimas son mujeres

  • Nancy Camacho
De acuerdo con datos del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana, los municipios con más casos son Puebla capital, Tehuacán e Izúcar de Matamoros
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De 2015 a 2022 se emitieron 66 sentencias por el delito de trata de personas, de las cuales, 52 fueron condenatorias, de acuerdo con datos del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana (Ibero) Puebla.

De acuerdo con el informe “A 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Balance de la situación de derechos humanos en Puebla”, informa que la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó que, durante el periodo de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2022, se iniciaron 257 averiguaciones previas y carpetas de investigación, en donde se identificaron un total de 280 víctimas.

En el documento se destaca que el perfil de las víctimas, al igual que a nivel mundial y nacional, en Puebla, la mayoría son mujeres, mientras que entre los municipios con más casos destacan la capital poblana, Tehuacán, Izúcar de Matamoros.

Respecto a sentencias, señalan que el estado enfrenta pendientes para erradicar y prevenir la trata de personas, así como para proteger y atender a las víctimas.

La Ibero expuso que la Comisión Interinstitucional para la Prevención y Erradicación de los Delitos de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de sus Víctimas, no ha sesionado trimestralmente como lo mandata el artículo 21 de la ley, cuestión que es necesario para para impulsar las estrategias, políticas y líneas de acción en materia de prevención de la trata de personas, asistencia y protección a las víctimas.

Indicaron que en Puebla tampoco existen diagnósticos gubernamentales que den cuenta de la situación de la trata de personas en la entidad; es decir, su incidencia municipal, la caracterización de las víctimas, los patrones de captación, los perfiles de los tratantes, y su relación con la desaparición de personas.

Además, lamentaron que la Fiscalía no sistematiza información desagregada sobre los perfiles de las víctimas y victimarios, y las modalidades de explotación; lo que imposibilita contar con datos oficiales que permitan diseñar e implementar políticas públicas de prevención focalizadas. (MIG)

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