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Activistas urgen a Congreso aprobación de ley contra deudores alimentarios
Las integrantes del Frente Poblano Contra Deudores Alimentarios solicitaron que el Congreso de Puebla agilice la discusión de la "Ley Sabina", que obliga a los deudores alimentarios a cumplir sus obligaciones, para que sea votada y aprobada durante el próximo periodo ordinario de sesiones.
En rueda de prensa, las representantes de la organización, Gabriela Rosas y Sheridan Mata, comentaron que trabajan en la revisión de las disposiciones que contendrá el nuevo ordenamiento con la diputada morenista Daniela Mier Bañuelos.
Señalaron que, de acuerdo con los avances en los trabajos legislativos, se incluirán observaciones realizadas por otras colectivas feministas, ya que cada una ha realizado apuntes derivados de los casos que han atendido en los últimos años.
Gabriela Rosas indicó que la iniciativa promovida por la activista Diana Luz Vázquez, y respaldada por las propuestas de otras legisladoras, podría llegar al pleno el próximo periodo ordinario de sesiones, es decir, a partir del 15 de septiembre.
En ese sentido, urgió a las comisiones a las que fue turnado el proyecto a que se agilice su dictaminación, en este caso a Gobernación y Puntos Constitucionales, así como a la de Procuración y Administración de Justicia.
“Tenemos mucha fe en que la ley pueda ser aprobada en el próximo periodo legislativo, en el inicio de sesiones más bien. De no ser así, tendrá que presentarse nuevamente el siguiente año, queremos pensar que no, que sí pasará este año”, pidió la representante del Frente Poblano Contra Deudores Alimentarios.
El 15 de marzo fueron presentadas ante el pleno una serie de propuestas promovidas por la activista Diana Luz Vázquez, así como por la diputada petista Nora Merino Escamilla y el bloque obradorista (Daniela Mier Bañuelos, Eliana Angélica Cervantes González, Carlos Alberto Evangelista Aniceto, José Iván Herrera Villagómez, María Yolanda Gámez Mendoza).
Debido a que el tiempo máximo de dictaminación de una iniciativa de decreto es de 180 días naturales, los proyectos podrían ser desechados si no se discuten a la brevedad. (JT)