Integrantes de diversas organizaciones civiles, participaron en el foro "Violaciones Graves a Derechos Humanos en Puebla Periodo 1970-2023", en el que se expusieron diversos casos históricos documentados sobre ejecuciones extrajudiciales en el estado.

Este conversatorio además de versar sobre sucesos históricos en el estado de Puebla en los que prevaleció la violencia a comunidades indígenas y pueblos originarios desde el siglo pasado, también abordó la importancia de la instauración de la memoria histórica como un mecanismo de acceso a la justicia.

Entre los relatos más recientes abordados en el foro, destacó la del caso Coyomeapan, por el que elementos de la Policía Estatal son señalados de haber ejecutado extrajudicialmente a tres indígenas, uno de ellos menor de 15 años de edad, el 9 de mayo de 2022 al atender un supuesto conflictos post-electoral.

El caso Chalchihuapan, como un suceso clave de la historia reciente del estado en el que el niño Alberto Tehuatlie perdió la vida luego de haber recibido un impacto de bala de goma en medio de una diligencia emprendida por la Secretaría de Seguridad Pública encabezada por Facundo Rosas Rosas en dicha localidad de Ocoyucan, mereció conversación en la ponencia.

Otro caso reciente que se abordó como una vulneración a los derechos humanos y a las organizaciones sociales, fue el asesinato de la activista Meztli Sarabia, hija de Rubén Sarabia "Simitrio" en las instalaciones de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre en 2016.

Esta exposición de los diferentes casos históricos fue inaugurada y presidida por David Fernández Dávalos, integrante de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia en México y ex rector de la Universidad Iberoamericana y moderado por el activista promotor de derechos humanos Gerardo Pérez Muñoz.

Dicho foro fue celebrado en las instalaciones del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla en la capital poblana y fue convocado en el marco del Día Internacional de los Desaparecidos a conmemorarse el próximo 30 de agosto.

En ese sentido el integrante de la Comisión creada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, David Fernández Dávalos, enfatizó en la importancia de la sociedad poblana por promover la verdad histórica como un instrumento de acceso a la justicia para las víctimas de diversos sucesos violentos en el estado y crímenes de asesinatos.

Reconociendo a su vez la iniciativa de algunos sectores sociales de Puebla por activar este tipo de foros que visibilizan sucesos políticos, históricos y sociales y darles voz a las víctimas.

Sucesos por los que también se creó a nivel nacional el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico como un instrumento de dicha Comisión que investiga violaciones graves a los derechos humanos de México entre 1965 y 1990, recalcó.

A su vez Gerardo Pérez Muñoz indicó que el acceso a los datos y creación de una memoria histórica de acceso público, debería estar garantizado por el estado mexicano y por el gobierno de Puebla.

Aseguró que "sin archivos históricos, no hay verdad" y que al haber falta de certeza, es imposible acceder a una justicia en el país y en Puebla.

Otro de los sucesos insignes relatados en el foro fue el caso de la matanza en el Monte de Chila, perpetrado el 28 de enero de 1970 en la recta final del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz y de Rafael Moreno Valle, abuelo del también exgobernador Moreno Valle Rosas en el que acribillaron a casi 90 indígenas totonacas.

Asimismo, se relató el asesinato en 2003 de la abogada, activista, consejera electoral indigenista y catedrática de la BUAP, Griselda Tirado Evangelio en el municipio de Huehuetla. 

De igual forma se habló de la detención de los activistas Miguel López Vega y Alejandro Torres Chocolatl, defensores de "Tierra, Agua y Vida" de Santa María Zacatepec al manifestarse en contra de las obras de construcción de un colector de desechos industriales que desemboque directamente al río Metlapanapa, que intentó ejecutar la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla en 2020.