El exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, continuará preso en el penal del Altiplano luego de que un juez le negara el arraigo domiciliario que le impedirá continuar su proceso legal fuera del Centro de Readaptación ubicado en el Estado de México.

La decisión de que el exmandatario también conocido como "Gober Precioso" siga en prisión preventiva se basa en los cargos de tortura que pesan sobre él, relacionados con su presunta implicación en el caso de la periodista Lydia Cacho.

Mario Marín permanecerá bajo custodia en el Altiplano

La organización Article 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, proporcionó detalles sobre la situación actual de Marín.

Tras una audiencia reciente, se resolvió que Marín Torres deberá permanecer bajo custodia mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra.

Lydia Cacho continúa en la búsqueda de justicia, un camino que ha durado más de 15 años.

Acompañamos su exigencia para la reparación del daño y la no repetición de los hechos, solo así la periodista podrá regresar a casa.#JusticiaParaLydia pic.twitter.com/mQsJJmWDKG

— ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) August 10, 2023

La acusación se centra en el delito de tortura que habría sido cometido contra la periodista Lydia Cacho, conocida por su trabajo en el que denunció casos de pornografía y prostitución infantil.

Mario Marín y el “caso Lydia Cacho”

La detención de Mario Marín tuvo lugar en Acapulco durante el año 2021 después de una intensa búsqueda que se prolongó por casi dos años.

La orden de captura había sido emitida en abril de 2019 por una jueza de Quintana Roo. Se alega que Marín habría utilizado su influencia y poder para llevar a cabo actos de tortura contra Lydia Cacho.

Estos actos tenían como objetivo coartar su derecho a la libertad de expresión, especialmente en relación con la publicación de su obra "Los demonios del Edén", en la que exponía un entramado de pornografía y prostitución infantil.

La decisión de mantener a Mario Marín en prisión preventiva refleja la importancia de garantizar la integridad de los procesos judiciales y el respeto a los derechos humanos, especialmente en casos que involucran a figuras públicas y a la libertad de prensa.

El “caso Lydia Cacho” y su vinculación con Mario Marín seguirá bajo resolución en el penal del Altiplano luego de la decisión del juez sobre negar el arraigo domiciliario al exgobernador de Puebla.