El Gobierno de México defendió el día de hoy, lunes 24 de julio, los argumentos que recaen en la demanda que el gobierno mexicano presentó en Estados Unidos, contra de fabricantes de armas en la nación norteamericana.

Ante la Corte de Apelaciones de Primer Circuito Federal en Boston, Massachussets, los abogados Steve Shadowen y Jonathan Lowy, en representación del gobierno mexicano, presentaron una serie de argumentos legales en relación a la denuncia interpuesta por el gobierno mexicano.

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— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 24, 2023

Los abogados insistieron en que la Ley de Protección de Comercio Legal de Armas de los Estados Unidos (PLCAA por sus siglas en inglés), ofrece inmunidad a empresas fabricantes de armas por lo que no se puede aplicar por daños ocurridos fuera de territorio estadounidense.

En otro sentido, los representantes jurídicos de México, señalaron que, de aplicarse la ley, se tendría que estudiar si recaería en la aplicación del derecho sustantivo mexicano o en el derecho estadounidense. En caso de aplicarse la ley PLCAA, el Gobierno de México podría recurrir a ciertas excepciones y el litigio continuará su curso.

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Al respecto, el consultor jurídico Alejandro Celorio Alcántara, representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, quien estuvo presente durante la audiencia describió, en rueda de prensa, que la legislación estadounidense establece que una ley tiene efectos extraterritoriales sólo cuando se señala en la misma de manera explícita.

Sin embargo, la ley PLCAA no indica que la industria de armas en Estados Unidas tenga inmunidad por daños o perjuicios causados en otros países.

“La lectura que da el gobierno de México a este tema [...] es que la ley de inmunidades, como está escrita y ha sido interpretada por las cortes en Estados Unidos, establece que, si llegara a proteger a la industria de las armas, lo hace de daños ocurridos únicamente en la jurisdicción estadounidense”, señaló Alejandro Celorio.

El consultor jurídico mexicano comentó que la corte de apelaciones podrá tardar entre seis u ocho meses en analizar los argumentos, tanto orales como escritos, para emitir una resolución. También señaló que, en conjunto con la primera denuncia presentada en Arizona, buscarán responsabilizar a los distribuidores y vendedores de armas por el tráfico ilícito de armas de fuego.

Finalmente, Celorio Alcántara comentó que México solicitó una indemnización económica por los daños que el tráfico de armas estadounidenses ha causado en la nación mexicana, lo cual trasciende a 15 mil millones de dólares, cifra gastada por el gobierno mexicano para hacer frente a la violencia armada causada por el tráfico de armas, cerca del 5 por ciento del PIB.