La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla, debido a que un adulto mayor falleció en el centro médico "Manuel Ávila Camacho", mejor conocido como el IMSS de San José, por negligencia médica, pues se incurrió en la violación de los derechos a la protección de la salud.

A través de un comunicado la CNDH dio a conocer que se presentó la recomendación 66/2023, ya que el hijo del adulto mayor presentó una queja en la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, debido a que denunció varias negligencias por parte del personal de la salud de dicho nosocomio.

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De acuerdo con el documento, el 26 de diciembre de 2021 el adulto mayor presentó dolor de cabeza, vómito y dificultades para caminar debido a que padecía hipertensión por más de cinco años, por lo cual lo llevaron al servicio de urgencias de dicho hospital, donde fue recibido y diagnosticado con un derrame en la parte frontal de la cabeza.

Fue intervenido quirúrgicamente al día siguiente y se mantuvo en internamiento, hasta que 19 días después, el 6 de enero del 2022, falleció.

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La CNDH inició el expediente de queja y solicitó toda la información relacionada al IMSS incluida el expediente médico del fallecido, y con la valoración de la evidencia recabada pudo acreditar que no hubo constancia de que se le haya brindado al finado un manejo multidisciplinario para su atención, y que el IMSS omitió garantizar el máximo respeto a sus derechos humanos al dejar de vigilar su estado de salud por más de 13 horas antes de ser intervenido quirúrgicamente.

Asimismo, comprobó que el paciente no fue canalizado a la Unidad de Cuidados Intensivos a pesar de que sufría de hipertensión y que, después de 48 horas de permanecer entubado, era obligación del personal médico asignado verificar que no se hubiese desarrollado una infección pulmonar.

Por lo anterior, la Comisión de Nacional de Derechos Humanos solicitó al IMSS se proceda a la inmediata reparación integral del daño ocasionado, considerando para ello una compensación de los términos que señala la Ley General de Víctimas vigentes; además les deberá otorgar la atención psicológica y tanatológica que requieran, por parte del personal profesional especializado y en forma continua y de manera gratuita.

Asimismo, solicitaron que inicie una investigación para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad que se registró.