El Gobierno de Puebla rechazó la solicitud de la Comisión de la Verdad y la Justicia de los Próceres Universitarios de Puebla, que pidieron a las autoridades una disculpa pública por los asesinatos y agravios cometidos durante la Guerra Sucia (1965 a 1990).

De acuerdo con un memorándum de la Consejería Jurídica del estado de Puebla, dirigido al doctor Jorge Arrazola Cermeño, integrante de la organización, la petición de que el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina ofrezca perdón y declare que “nunca más el nuevo régimen de gobierno que se asume como demócrata volverá a cometer un crimen de estado”, es improcedente.

Te recomendamos: Congreso Puebla: piden revisar situación jurídica de burócratas del estado

El documento identificado con el folio CJ-SJCAE-DGSEI-DVAI-020/2023 y emitido el 19 de mayo refiere que dichas atribuciones son competencia de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los Derechos Humanos, cometidas entre los años 60 y finales de los 80.

También recuerda que las comisiones de la verdad no tienen atribuciones ni facultades jurisdiccionales, pero pueden investigar hechos históricos y construir una “narrativa objetiva con perspectiva histórica y contexto actual”.

Las noticias al momento: suscríbete al canal de Telegram de e-consulta

En entrevista para e-consulta, el doctor y politólogo Jorge Arrazola Cermeño, integrante de la Comisión de la Verdad y la Justicia de los Próceres Universitarios de Puebla, aseguró que la solicitud se realizó como símbolo de justicia para Joel Arriaga Navarro y Enrique Cabrera Barroso, a 50 años de su asesinato.

Señaló que entre las actividades que la comunidad universitaria tenía planeadas para conmemorar las agresiones en contra de los estudiantes por parte del gobierno estatal en 1973, se le solicitó al exmandatario Miguel Barbosa Huerta y al actual gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina “que pidiera perdón por los agravios cometidos en gestiones anteriores”.  

Reconoció que existía confianza de que al ser funcionarios emanados de la Cuarta Transformación se sumarían a este ejercicio simbólico con el que intentan obtener justicia y luchar contra el autoritarismo, pero no fue así.

“Se trata de un ejercicio simbólico a través del cual el gobierno, como paso previo a la reconciliación y a la construcción de una sociedad más democrática, pidiera perdón a los deudos de la universidad, a los deudos de los asesinados, y a los universitarios mismos, por los agravios cometidos en el pasado”, detalló el politólogo.

Jorge Arrazola Cermeño lamentó que su negativa, más allá de representar desinterés o un deslinde con las administraciones pasadas, ratifica el pasado priista de ambos titulares del Ejecutivo, ya que las violaciones a los derechos humanos en aquellos años fueron cometidas por miembros del Revolucionario Institucional (PRI).   

Agregó que en los próximos días se reunirán los integrantes de la Comisión de la Verdad y la Justicia de los Próceres Universitarios de Puebla para analizar la respuesta de la Consejería Jurídica y será el próximo miércoles cuando ofrecerán una rueda de prensa para dar a conocer una nueva postura.

Además, informarán sobre este caso a las dirigencias de Morena a nivel local y nacional, representadas por Mario Delgado Carrillo y Olga Lucía Romero Garci-Crespo, respectivamente; así como al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que vean cómo el gobierno de Puebla trata la petición de disculpa por asesinato de universitarios BUAP.