La audiencia en la que se debería resolver la situación jurídica de Ricardo N,  primer vinculado a proceso en México y Latinoamérica por el presunto delito de violencia vicaria, fue diferida sin que hasta el momento se haya definido la nueva fecha ya que se hizo un cambio de abogado por parte de la defensa legal del vinculado a proceso.

Previo al inicio de la audiencia, en el Centro de Justicia de Puebla, la asociación colectiva Madres Exigiendo Justicia se manifestó en apoyo a la integrante del mismo y víctima del caso, Andrea Lezama Bonilla.

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Ahí, se pronunció porque las autoridades judiciales actúen protegiendo el interés superior del hijo de ella y Ricardo, además de que juzguen con verdadera perspectiva de género y que le otorguen la pena máxima, es decir, 19 años con ocho meses.

“Yo no sé si Ricardo tenga arrepentimiento o no, o si a estas alturas haya entendido todo el daño que hizo, lo que sí sé es que durante más de 6 años impidió que mi hijo y yo estuviéramos juntos”.

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Añadió que actualmente la colectiva cuenta con el registro de 50 mujeres que se encuentran en un proceso legal denunciando violencia vicaria, de esta cifra, solamente 3 o 4 han podido recuperar a sus hijos.

Cabe señalar que desde febrero de 2023, Ricardo “N”., y su defensa han buscado suspender condicionalmente el proceso para, en primera instancia, buscar su liberación provisional, así como la custodia del menor en cuestión.

Incluso, el Poder Judicial de Puebla tuvo que remover del caso a finales de febrero a la agente del Ministerio Público, Fabiola Romero Aguirre, ya que de acuerdo con la propia Andrea Lezama, le solicitaba de manera insistente otorgar el perdón a Ricardo, al grado de calificar la petición como un hostigamiento.

Fue el pasado 23 de octubre de 2022 cuando se marcó un precedente al llevarse a cabo la aplicación de la Ley Vicaria por primera vez, en contra de Ricardo “N”.

Lo anterior, ya que tras arrebatar al menor de los brazos de su madre, Ricardo “N”., impidió que Andrea Lezama lo pudiera ver cerca de seis años, desde que el hijo de ambos era un bebé.

El 16 de junio de 2016, Ricardo “N”., pidió a Andrea Lezama Bonilla su autorización para recoger al pequeño y pasar un par de días con él.

Se comprometió a regresarlo a la casa de Andrea el 20 de junio de 2016, es decir, cuatro días después. Sin embargo, han transcurrido casi seis años y la promesa de devolverlo no se cumplió.

Cuando Ricardo “N”., se llevó a su hijo, el pequeño estaba por cumplir dos años de edad. Poco después se supo que lo había llevado a Los Cabos, en Baja California Sur.

Durante todo ese tiempo Andrea buscó justicia para tener de vuelta a su hijo. La búsqueda de justicia la llevó a unirse al grupo Colectiva Amorosas Madres contra la Violencia Vicaria.

Cuando recuperó a su hijo, en 2022, el menor tenía ocho años de edad. Actualmente, en Andrea vive la sensación de haber dado a luz de nuevo.

¿Qué es la violencia vicaria?

La violencia vicaria es considerada un agravante de la violencia familiar, pues fue el 15 de julio de 2022 cuando el Congreso de Puebla aprobó su tipificación como delito, el cual se encuentra alojado tanto en los Códigos Penal y Civil del estado de Puebla, así como en la Ley para el Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia.

La violencia vicaria es un acto intencional que tiene el propósito de dañar a una persona usando el maltrato, descuido o manipulación de los hijos, así como el menoscabo o daño del vínculo filial con la víctima.

Al cierre de edición, la audiencia estaba por iniciar, por lo que Andrea, su abogado defensor Christian Hernández y sus compañeras de la colectiva permanecen en las instalaciones del Centro de Justicia Penal.