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Presidenta del INE pide destitución de funcionaria ligada a Lorenzo Córdova

  • Andrea Morales
En el lugar de Jacqueline Vargas quedará como encargado de despacho David Isaac Ramírez Bernal
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La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, solicitó la renuncia a Jacqueline Vargas, directora de la Unidad Técnica de Fiscalización, quien era parte del equipo de Lorenzo Córdova.

Ante la destitución de Jacqueline Vargas Arellanes, la presidenta del INE dio a conocer que en su lugar estará como encargado de despacho David Isaac Ramírez Bernal, quien es asesor del consejero Uuc-Kib Espadas. La medida se da luego de que no se ha llegado a un acuerdo para designar a los titulares de direcciones del órgano electoral.

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De acuerdo con el organigrama del INE, por el momento sólo hay tres áreas que se mantienen con sus titulares: el Órgano Interno de Control (OIC), con Jesús George Zamora; la Coordinación General de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, con Jorge Torres; y la Unidad Técnica de Fiscalización, donde ha sido reubicado Ramírez Bernal.

¿Quién es David Isaac Ramírez Bernal?

David Isaac Ramírez Bernal se recibió de la licenciatura de Relaciones Internacionales, además tiene una maestría en Economía y Política Internacional, así como un doctorado en Ciencias Sociales. 

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A lo largo de su trayectoria fue coordinador de Recursos Humanos del ISSSTE entre 2019 y 2020, más tarde se desempeñó en consultorías privadas y fue asesor de un consejero electoral en 2014.

Cabe recordar que la salida de Jacqueline Vargas ya había sido propuesta por ella misma desde el 3 de marzo del año en curso, cuando salió el exconsejero presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova y otros directores; sin embargo, a petición de los consejeros del INE no había dejado su cargo, pues sólo podía ser destituida por ocho votos del Consejo General.

Ante la revocación de la directora de la Unidad de Fiscalización, queda a la deriva una pieza clave en la estructura del Instituto, ya que en esta área se monitorean las finanzas de los partidos políticos, los aspirantes a cargos públicos y los candidatos, así como las denuncias sobre el uso ilegal de recursos públicos en el ámbito electoral.

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