El Instituto Nacional Electoral (INE) ha dado de baja de su padrón electoral y listado nominal a un total de 5 millones 650 mil 401 mexicanas y mexicanos desde el 1 de enero del 2014 y hasta el pasado 31 de diciembre del 2022 al tratarse de personas fallecidas, según indicó en su Memoria de Gestión Institucional (2014-2023).

Otros 98 mil 250 registros fueron excluidos del padrón electoral derivado de los avisos ciudadanos mediante el INETEL, por representantes de partidos políticos, oficinas del Registro Federal de Electores y tras operativos de campo por parte del INE desde el 1 de enero del 2014 y hasta el 28 de febrero del 2023, indicó el órgano constitucional.

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Esta medida responde a la aplicación del Programa de Bajas por Defunción contabilizadas en los registros que han sido identificados plenamente en gabinete o campo, para lo que se solicita a la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECyRD) una ‘afectación’ por defunción a la base de datos del Padrón Electoral.

“durante el periodo comprendido del 1 de enero del 2014 al 31 de diciembre de 2022, se dieron de baja del Padrón Electoral y Listado Nominal un total de 5 millones 650 mil 401 registros de la ciudadanía fallecida”, indicó el Instituto en su Memoria de Gestión Institucional.

Notificar al INE sobre las y los ciudadanos fallecidos es una obligación por parte de los servidores públicos del Registro Civil que está contenida en el artículo 154, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). De acuerdo con el lineamiento, la notificación de ciudadanía fallecida debe realizarse dentro de los 10 días siguientes a la fecha de expedición del acta de defunción.

La importancia del trabajo conjunto entre Registro Civil e INE recae en el uso inadecuado que se puede dar a las credenciales vigentes de personas fallecidas. Ejemplo de ello fue la consulta popular de revocación de mandato propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador donde el INE detectó que hubo firmas de personas fallecidas que habrían ‘votado’ para realizar la consulta.

El Consejo General del órgano electoral informó en marzo pasado sobre la sanción impuesta a la asociación civil Que Siga la Democracia debido a que entregó 14 mil 940 firmas de personas fallecidas. En este sentido, el exconsejero Ciro Murayama indicó que la recolección de firmas se haría mediante una aplicación web, así como en formatos físicos solo en los municipios marginados.

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Tal decisión fue impugnada por Morena y la propia asociación civil, lo que llevó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a permitir el uso generalizado de papel para la captación de firmas (se necesitaban 2 millones 758 mil para realizar la consulta).

A través de la aplicación web los impulsores de la consulta solo pudieron entregar 1 millón 370 firmas; sin embargo, en papel se entregaron 9 millones 759. Tras el recabo de supuestas firmas, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) cotejó y analizó las firmas recibidas, además de visitar a 850 ciudadanos para corroborar que fueran firmas legítimas.

En la investigación hallaron que 27 por ciento de las y los consultados negaron haber firmado, mientras que 17 mil 460 personas que supuestamente firmaron se encontraban muertas; 14 mil 940 de estas firmas las entregó la AC Que Siga la Democracia.

INE dio de baja a ‘exmexicanos’

En su Memoria de Gestión Institucional el INE también recordó identificar en el Padrón Electoral (también denominado “histórico de bajas”) los registros de quienes que perdieron la ciudadanía o renunciaron a la nacionalidad mexicana por naturalización, con el fin de excluirlos del instrumento de registro.

En este tipo de casos se ‘excomulgó’ a 26 personas del 1 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2022.

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Por otro lado, el INE notificó sobre personas a quienes suspendieron sus derechos político-electorales mediante mandatos judiciales donde se considera el procesamiento, análisis y su exclusión del Padró Electoral, registro que contempló a 199 027 personas a quienes les fueron suspendidos los mencionados derechos.